La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha reclamado al Gobierno de España “más diálogo, agilidad y transparencia” en la gestión de las políticas estatales de vivienda y en la coordinación con las comunidades autónomas.
Durante su participación en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Camarero ha valorado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana atendiera la petición de la Comunitat Valenciana de convocar esta reunión multilateral para abordar en un foro de diálogo y no de forma bilateral las cuestiones que afectan a todos los españoles.
La vicepresidenta ha subrayado también la importancia de que “todas las comunidades autónomas dispongan de la misma información al mismo tiempo” y de que los acuerdos o convenios relevantes “se compartan en estos espacios de cooperación, no a través de los medios de comunicación”. En este sentido, ha defendido “unas sectoriales vivas, útiles y reales, donde debatamos, propongamos y avancemos todos en igualdad de condiciones”.
Asimismo, ha mostrado su “preocupación” por la noticia conocida hace unos días sobre la firma de un convenio con Cataluña para la cesión de 13.000 viviendas de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) y ha recordado que, tras la dana, desde la Generalitat se solicitó al Ministerio la cesión temporal de viviendas del SEPES ubicadas en los municipios afectados, para poder dar una respuesta inmediata a esas familias. “Lamentablemente, la solicitud fue denegada”, ha recriminado.
“Hemos pedido a la ministra -ha continuado- transparencia sobre los planes del ministerio acerca de las viviendas del SEPES y para que todas las comunidades autónomas podamos, en función de las condiciones establecidas, participar en convenios de cogestión”.
Sin embargo, “la respuesta esquiva de la ministra deja ver que el convenio con Cataluña es un convenio singular y que no hay intención clara de establecer, con el conjunto de las que otras comunidades autónomas, un marco de colaboración transparente para gestionar con la empresa pública viviendas propiedad del SEPES”, ha señalado, al tiempo que ha advertido que “una vez más, el Gobierno da un trato de favor a Cataluña sobre el resto de las comunidades autónomas”.
Retraso del Bono Alquiler Joven
En relación con el Bono Alquiler Joven, la vicepresidenta primera ha lamentado el retraso de las ayudas, que llegan tarde “por la ineficacia del Gobierno que no ha tenido tiempo en todo el año para convocarnos a la conferencia sectorial, donde deben aprobarse estas medidas, que además cuentan con el mismo reparto que el año anterior”.
“Llegan tarde —ha reiterado—, perjudicando a los jóvenes valencianos, que deberán escuchar por qué no van a recibir a tiempo la ayuda al alquiler por culpa de la ineficacia y la incapacidad del Ministerio de traer a tiempo el bono joven, que es imprescindible”.
Camarero ha asegurado que la Generalitat “hará todo lo posible por tramitarlo con la máxima rapidez”, pero ha recordado que “la convocatoria, una vez más, llegará tarde por culpa del Gobierno de España”.
Asimismo, ha señalado que “no hacía falta esperar hasta final de año para aprobar un reparto que no modifica los importes respecto al ejercicio anterior”, criticando que el Ministerio “aún no haya transferido el crédito”, lo que “obliga a las comunidades a retrasar la publicación de la convocatoria y, con ello, las ayudas a los jóvenes”.
Finalmente, Camarero ha considerado relevante que el Plan Estatal de Vivienda incorpore algunas de las propuestas planteadas por las comunidades autónomas, como la flexibilidad de los tramos, la inclusión de los gastos de gestión o la adaptación de programas a la realidad territorial.
“Ese es el camino y le invito a no abandonarlo”, ha indicado a la Ministra de Vivienda, y ha señalado que “el texto requiere más mejoras y más diálogo con las comunidades, porque cuando se escucha y se trabaja conjuntamente, las políticas públicas mejoran y llegan de forma más eficaz a la ciudadanía”.
La vicepresidenta ha reafirmado el compromiso del Consell con una política de vivienda justa, eficaz y centrada en las personas, basada en la cooperación institucional, la corresponsabilidad y la información compartida.
“Solo así podremos construir, entre todos, una política de vivienda que dé respuestas reales y rápidas a las necesidades de los ciudadanos”, ha concluido.