Política

La Generalitat y el IVIA impulsan un estudio para el uso agrícola del alperujo fresco y la modificación normativa

La iniciativa busca avalar científicamente la aplicación directa de este subproducto del olivar en los campos valencianos, promoviendo la economía circular y reduciendo costes para las almazaras.

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La Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) han formalizado un acuerdo para impulsar un estudio exhaustivo. El objetivo principal de esta investigación es avalar el uso agrícola del alperujo fresco, un subproducto que se genera en las almazaras tras la extracción del aceite de oliva. Esta base científica es crucial para solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una modificación normativa que permita su aplicación directa en el campo, siempre bajo condiciones estrictamente controladas.

Ernesto Fernández Pardo, director general de la Industria y Cadena Agroalimentaria, ha enfatizado la importancia de este proyecto. “El objetivo es avanzar con rigor técnico para que las almazaras puedan contar con una solución viable, segura y ajustada a criterios agronómicos y ambientales”, ha declarado. Esta colaboración entre la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y el IVIA ha trabajado para fortalecer la base técnica necesaria que permita defender ante el Ministerio una regulación más adaptada a la realidad productiva de la Comunitat Valenciana, facilitando así prácticas de economía circular en el sector oleícola.

El desafío del alperujo en la Comunitat Valenciana

Actualmente, la legislación estatal vigente permite el uso agrícola de diversas formas de alperujo, como el compostado, el desecado o los efluentes de almazara. Sin embargo, no contempla la aplicación directa del alperujo húmedo o fresco en las parcelas agrarias. Esta limitación ha representado un desafío significativo para las almazaras de la región.

La Comunitat Valenciana cuenta con un total de 138 almazaras, de las cuales aproximadamente un centenar son de base cooperativa y de pequeña dimensión. En un año con condiciones climáticas normales, estas instalaciones procesan entre 100.000 y 120.000 toneladas de aceituna. Este proceso genera un volumen similar de alperujo, cuya gestión ha supuesto en muchas ocasiones un coste adicional considerable para las entidades productoras.

El alperujo es el material resultante de la extracción del aceite de oliva mediante sistemas de dos fases. Se trata de una pasta húmeda compuesta por restos de pulpa, piel, hueso y el agua propia de la aceituna, una vez que el aceite ha sido separado. Su manejo y disposición final han sido históricamente un punto crítico para la rentabilidad de las almazaras.

Beneficios económicos y ambientales de la aplicación directa

Fernández Pardo ha señalado que el alperujo no debe ser percibido únicamente como un residuo, sino como un recurso con un valor agronómico intrínseco. “El alperujo no debe verse únicamente como un residuo, sino como un recurso con valor agronómico que puede volver al suelo del que procede, siempre con garantías técnicas y ambientales”, ha afirmado.

El director general ha subrayado que habilitar su aplicación directa en el campo, bajo protocolos adecuados, ofrecería múltiples beneficios:

  • Reducción de costes: Disminuiría los gastos de gestión que soportan muchas almazaras, especialmente las de menor tamaño.
  • Salida eficiente: Facilitaría una vía más eficiente para la disposición de este subproducto.
  • Sostenibilidad: Reforzaría la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas al reincorporar nutrientes al suelo.

La visión de la Generalitat es clara: “Queremos que la economía circular sea útil para el sector. Eso significa buscar soluciones que reduzcan costes, aprovechen recursos propios y mantengan todas las garantías para los suelos, los cultivos y el medio ambiente”, ha concluido Fernández Pardo, destacando el compromiso con un modelo productivo más eficiente y respetuoso.

Un enfoque científico para la modificación normativa

La Generalitat ha querido avanzar en una propuesta que esté sólidamente basada en criterios científicos. Se ha puesto especial atención en la prevención de posibles riesgos, tales como la fitotoxicidad, la protección de los suelos y las aguas, y la definición de condiciones de aplicación que sean adecuadas y seguras.

En este sentido, Fernández Pardo ha insistido en la necesidad de un trabajo riguroso. “No se trata de improvisar, sino de trabajar con el IVIA para disponer de datos sólidos que permitan plantear al Ministerio una regulación más adaptada a la realidad del olivar valenciano”, ha recalcado. Esta línea de trabajo se ha diseñado para beneficiar especialmente a las pequeñas almazaras y cooperativas, que en muchos casos han asumido costes elevados para la retirada, compostaje o tratamiento de estos materiales, y que ahora podrían encontrar una solución más económica y sostenible.