La Generalitat Valenciana, bajo la dirección de su president Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la puesta en marcha de un ambicioso plan de apoyo económico valorado en más de 421 millones de euros. Este paquete de 27 medidas está diseñado para ofrecer un respaldo integral a las empresas y familias de la Comunitat Valenciana, buscando amortiguar los efectos adversos derivados de la crisis generada por la Guerra de Irán.
La iniciativa fue presentada tras una fructífera reunión de la Mesa de Diálogo Social, un foro clave que congrega a los principales actores económicos y laborales de la región. En este encuentro participaron destacadas figuras como Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV); Ana García, secretaria general de CCOO-PV; y Constantino Calero, secretario general de UGT-PV, quienes respaldaron el compromiso del Consell.
El president Pérez Llorca enfatizó que este conjunto de acciones representa un "documento vivo y abierto", lo que significa que su implementación será flexible y adaptable a la evolución del conflicto. Para garantizar esta adaptabilidad, se establecerá una comisión de seguimiento, integrada por representantes del Consell, la patronal y los sindicatos, que se reunirá periódicamente para ajustar las medidas según sea necesario.
Un despliegue integral de recursos autonómicos
El jefe del Consell subrayó el firme compromiso del ejecutivo autonómico de "desplegar al máximo todas sus competencias y recursos" para salvaguardar el bienestar de las familias y la estabilidad del tejido empresarial. La respuesta integral se materializa en 421,26 millones de euros, distribuidos estratégicamente entre ayudas directas, créditos bonificados y significativas rebajas fiscales.
Pérez Llorca destacó la amplitud de la estrategia, afirmando que se está ofreciendo una "respuesta integral, actuando en todos los frentes". Esto incluye desde la atención social a los colectivos más vulnerables hasta el apoyo a las clases medias y trabajadoras, pasando por la vivienda, la fiscalidad y el respaldo fundamental a autónomos, pymes, grandes empresas y los sectores primario y energético.
La movilización de estos fondos se desglosa de la siguiente manera:
- 137,96 millones de euros en ayudas directas e indirectas.
- 153,3 millones de euros en bajadas de impuestos.
- 130 millones de euros en préstamos bonificados.
Estos importes se complementan con 97,2 millones de euros adicionales en deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El president resaltó el "esfuerzo" realizado por la Generalitat con "recursos propios", un hecho que posiciona a la Comunitat Valenciana como la segunda autonomía que más fondos destina a medidas anticrisis en España, a pesar de ser "la peor financiada de todas". A esto se suman 153,29 millones de euros en rebajas fiscales que la Generalitat dejará de percibir debido a las reducciones aprobadas por el Gobierno central en impuestos como el IVA, los hidrocarburos y la electricidad, que afectan a tributos total o parcialmente cedidos a la administración autonómica.
Medidas clave para mitigar el impacto del conflicto
Entre las 27 medidas específicas impulsadas por el Consell, varias destacan por su impacto directo en la ciudadanía y el sector productivo:
- Ayuda directa para hipotecas: Se destinarán 10 millones de euros para cubrir el aumento de los intereses hipotecarios durante los tres meses de vigencia del decreto del Gobierno de España. Esta ayuda, que rondará los 180 euros por hipoteca, beneficiará a titulares de préstamos hipotecarios a tipo variable de hasta 200.000 euros, con vivienda habitual en la Comunitat Valenciana y rentas máximas de 60.000 euros individuales o 78.000 euros conjuntas.
- Vivienda y alquiler: Se incluyen 15 millones de euros en nuevas ayudas extraordinarias al alquiler y una revisión al alza de los módulos de Vivienda de Protección Pública (VPP) para asegurar la viabilidad de su construcción.
- Atención social y transporte: Se incrementarán las ayudas a familias acogedoras y se reforzarán las transferencias a los ayuntamientos para atención social, con una inversión de 11,8 millones de euros. Además, se congelarán los precios del transporte público y se apoyará la renovación de flotas de transporte por carretera, con una partida de 27 millones de euros.
- Apoyo a autónomos y empresas: Se activarán medidas específicas para autónomos, dotadas con cuatro millones de euros, para mitigar el incremento de los costes energéticos. Asimismo, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) lanzará una línea de financiación bonificada de 100 millones de euros para empresas afectadas por la subida de precios.
- Impulso empresarial y sector primario: Se pondrán en marcha programas específicos para fomentar la actividad empresarial y la internacionalización, con un presupuesto de 54,66 millones de euros. Adicionalmente, se creará una línea de financiación bonificada de 30 millones de euros dirigida a empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y agroalimentarias.
- Eficiencia energética: Se desarrollará un plan de choque para agilizar proyectos de eficiencia energética y se concederán subvenciones a ayuntamientos por un valor de 1,3 millones de euros.