El Gobierno valenciano, a través de su vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha reafirmado su firme compromiso con la Ley Valenciana de Costas. Esta legislación, considerada una herramienta fundamental, busca salvaguardar las propiedades, los derechos de los ciudadanos y el valioso patrimonio cultural de la región frente a las dinámicas del litoral. Martínez Mus ha asegurado que la Generalitat la defenderá "hasta el final" ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que ha insistido en la urgencia de una nueva ley estatal que sea más pragmática y se ajuste a la realidad actual de la costa, en lugar de un simple reglamento.
Desde la emblemática playa de la Malvarrosa, donde se presentaron las iniciativas autonómicas en esta materia, el conseller ha puesto en valor el liderazgo de la Comunitat Valenciana en la creación de un marco normativo propio. Ha reiterado la imperiosa necesidad de una revisión profunda de la legislación estatal para abordar eficazmente los desafíos que enfrenta el litoral.
La máxima prioridad del Consell, según el vicepresidente, es el desarrollo pleno de las competencias que emanan de la ley aprobada el año pasado en Les Corts, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas. En este contexto, ha destacado que el procedimiento establecido por la ley valenciana para gestionar los deslindes es el único punto de desacuerdo persistente entre la Generalitat y el Gobierno central, tras haber alcanzado consensos en el resto de los preceptos.
Martínez Mus ha confirmado que, tras una espera de nueve meses, el Ejecutivo central ha remitido un primer borrador para concretar el traspaso de competencias, un paso crucial que permitirá a la administración autonómica asumir la gestión directa del litoral.
Fricciones con el Gobierno central y la necesidad de una nueva ley estatal
El vicepresidente ha resaltado la excelente acogida de esta normativa por parte de los ayuntamientos valencianos y ha instado al Gobierno central a impulsar una legislación similar que se adapte a las particularidades de cada territorio y que, además, desatasque los proyectos de regeneración costera que llevan una década paralizados. "No queremos un nuevo reglamento de costas y lo vamos a combatir ya que lo que es necesario es una ley de costas", ha sentenciado Martínez Mus, enfatizando la necesidad de una reforma legislativa integral.
La Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat también está activamente involucrada en las modificaciones de diversas normativas estatales. En este sentido, la Generalitat, en colaboración con otras comunidades autónomas, ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula el informe de compatibilidad con las estrategias marinas, actualmente en fase de información pública.
El propósito de estas alegaciones es introducir mejoras sustanciales en la regulación y asegurar el respeto al marco competencial, así como a los principios de seguridad jurídica y buena administración. Entre las observaciones más relevantes, se ha señalado que "no está justificado duplicar el plazo de días hábiles para la emisión del informe de compatibilidad, lo que puede resultar contrario a los principios de eficacia y agilidad", y que "atribuir carácter desfavorable a la falta de emisión del informe puede generar inseguridad jurídica".
Asimismo, se defiende que el informe de compatibilidad de las estrategias marinas debe operar como un instrumento de colaboración entre las distintas administraciones, y que la protección del medio marino debe respetar el reparto constitucional de competencias y fortalecer los mecanismos de cooperación institucional.
La Ley Valenciana de Costas: Un escudo para el litoral
Aprobada en mayo del año pasado por Les Corts, la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana representa un hito. Es la primera norma autonómica de su categoría que establece un conjunto de protecciones significativas para el litoral.
Entre sus disposiciones más destacadas, se encuentra la salvaguarda de las viviendas frente a los procesos de deslinde, un aspecto crucial para garantizar la estabilidad y los derechos de los ciudadanos.
La ley también pone un énfasis especial en la preservación de los núcleos costeros tradicionales, reconociendo su incalculable valor etnográfico y habilitando mecanismos específicos para su protección y conservación. Esta normativa complementa la legislación estatal vigente y se fundamenta en principios esenciales como la protección ambiental, la mejora ecológica y la reordenación urbanística del territorio costero.
Un punto clave de la ley es la reformulación del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel). Al elevar a rango de ley las normas básicas de zonificación del litoral, se logra una mayor claridad en la definición de los usos permitidos, prohibidos y autorizables en cada área, lo que aporta una seguridad jurídica sin precedentes. El desarrollo reglamentario posterior se encargará de la clasificación y catalogación detallada de cada zona.
Finalmente, la ley refuerza la protección de los valores naturales esenciales y la biodiversidad, prestando una atención particular a ecosistemas vitales como las zonas de marjal y las praderas de posidonia oceánica, con el objetivo primordial de prevenir cualquier actuación que pueda causarles daño irreparable.