La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha enfatizado recientemente la importancia estratégica de los graduados sociales, a quienes ha calificado como “garantes de la seguridad jurídica y del buen funcionamiento del mercado laboral”. Esta declaración se ha producido durante la clausura de la 20ª edición de las Jornadas Valencianas de Relaciones Laborales, un evento organizado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales (Cograsova) que se ha celebrado los días 7 y 8 de mayo en la Ciudad de la Justicia de València. Durante estas jornadas, destacados expertos en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social han analizado las últimas novedades y desafíos que presenta este ámbito profesional.
El rol de los graduados sociales se ha consolidado como un pilar indispensable en el entramado socioeconómico actual. Estos profesionales no solo gestionan aspectos relacionados con el personal, sino que también actúan como mediadores clave entre las necesidades empresariales y los derechos de los trabajadores. Su labor es crucial en la prevención de conflictos, el fomento del talento y la mejora continua del clima laboral dentro de las organizaciones.
El dinamismo del mercado laboral y la respuesta profesional
Nuria Martínez ha señalado que “el mundo del trabajo está en constante transformación y exige respuestas cada vez más complejas”. En este contexto, ha subrayado la relevancia estratégica de los graduados sociales y de todos los profesionales dedicados a las relaciones laborales y los recursos humanos para el correcto desarrollo de la sociedad. La consellera ha afirmado que “su labor es esencial para garantizar el equilibrio entre la actividad económica y la protección de los derechos de las personas trabajadoras”, lo que pone de manifiesto la dualidad y la responsabilidad que recae sobre este colectivo.
Apoyo institucional a la justicia social
Desde la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, se ha mostrado una gran sensibilidad hacia las necesidades de los graduados sociales. En este sentido, Martínez ha explicado que la Conselleria ha solicitado al Gobierno central la creación de nuevas plazas para los juzgados de lo Social. Esta petición ha respondido a la elevada carga de trabajo que han soportado algunos partidos judiciales en esta área, superando el 150% en localidades como Valencia, Alicante o Elche. Esta iniciativa, que se ha llevado a cabo de forma conjunta con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha tenido un resultado positivo, materializándose con la creación de seis plazas adicionales en estos partidos judiciales.
Modernización y eficiencia en la administración de justicia
La titular de Justicia también ha expresado su agradecimiento por el compromiso de los graduados sociales en la aportación de mejoras durante el proceso de implementación del sistema de gestión procesal Just@. Su contribución y acompañamiento han sido fundamentales para la Conselleria en el avance hacia una justicia más ágil, moderna y eficiente, adaptada a los desafíos del siglo XXI.
Regulación y prestigio de las profesiones colegiadas
Asimismo, Martínez ha valorado el marco de diálogo que se ha generado entre la Conselleria y el Colegio de Graduados Sociales. Este compromiso se ha reflejado en la atención a una petición histórica del colectivo: la puesta en marcha del proyecto de decreto que establece disposiciones específicas para la resolución de procedimientos sancionadores en materia de colegios profesionales. Al respecto, ya se ha elaborado el informe de respuesta a las alegaciones presentadas.
Este decreto tiene como objetivo principal dotar a la Administración de un marco normativo claro para actuar frente a aquellas conductas de los no colegiados que puedan perjudicar tanto a los profesionales que ejercen su labor conforme a la legalidad como a los propios ciudadanos. La consellera ha asegurado que “con ello, reforzamos la seguridad jurídica y contribuimos a preservar el prestigio y la dignidad de las profesiones colegiadas. En definitiva, damos un paso firme para responder a una reivindicación histórica de los colegios profesionales, fortaleciendo al mismo tiempo la confianza en las instituciones y en el correcto ejercicio profesional”.