El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha defendido en el Senado la imperiosa necesidad de impulsar una nueva Ley de Costas a nivel nacional. Esta propuesta busca que la legislación responda de manera efectiva a la realidad actual del litoral español, considerando tanto los aspectos ambientales como las competencias administrativas.
Martínez Mus ha expuesto su postura durante su comparecencia en la Cámara Alta, un debate en el que también han participado representantes de otras comunidades autónomas con costa, como Galicia, la Región de Murcia y Canarias. El vicepresidente ha subrayado que “no se trata de cuestionar el objetivo de proteger, sino de reconocer que el modelo necesita una actualización profunda”.
La necesidad de una reforma legislativa
El conseller ha enfatizado que el panorama competencial ha experimentado un cambio sustancial desde la aprobación de la ley vigente en 1988. Ha destacado que ocho de las diez comunidades autónomas con litoral ya han asumido o han solicitado la transferencia de competencias en esta materia. “Por eso, desde la Comunitat Valenciana defendemos con claridad que no basta con modificar el reglamento; necesitamos una nueva ley”, ha afirmado.
El vicepresidente tercero ha insistido en que la propuesta del Consell no plantea una reducción de las garantías ambientales, sino una mejora sustancial del modelo de gestión. “No pedimos menos protección. Pedimos mejor protección, más eficaz, más cercana y más adaptada a cada territorio”, ha declarado.
Entre las principales conclusiones presentadas, Martínez Mus ha señalado que el modelo actual ha manifestado “tensiones evidentes” tras casi cuatro décadas de vigencia. Estas tensiones incluyen la regresión persistente del litoral, la inseguridad jurídica en los deslindes que se ha propuesto superar y la desactualización en el reparto competencial.
Propuestas clave de la Generalitat Valenciana
Frente a esta situación, la Generalitat Valenciana ha planteado una nueva normativa que permita reordenar las competencias. Esta reordenación limitaría la actuación del Estado a ámbitos específicos, como los deslindes y las obras de interés general, y avanzaría hacia una gestión más próxima y eficiente desde las comunidades autónomas.
Asimismo, la propuesta valenciana ha incluido medidas para:
- Reforzar la seguridad jurídica: Se busca consolidar la certidumbre legal para ciudadanos y empresas.
- Evitar ampliaciones del dominio público: Se propone que estas no se basen en episodios extraordinarios aislados.
- Establecer criterios objetivos en el régimen de concesiones: Esto incluye el reconocimiento de concesiones compensatorias, aportando mayor equidad.
El valor estratégico del litoral valenciano
El litoral valenciano, ha recordado el vicepresidente, ha representado “un espacio estratégico” para la Comunitat Valenciana. En esta franja costera se ha concentrado más del 70 % de la población, abarcando **500 kilómetros de costa** y albergando una significativa actividad económica y turística. Además, ha destacado que la costa valenciana acoge espacios de alto valor ambiental, como parques naturales, zonas húmedas y áreas incluidas en la Red Natura 2000, donde conviven la biodiversidad, la actividad económica y la vida cotidiana.
Equilibrio entre protección y desarrollo
La propuesta de la Comunitat Valenciana también ha incorporado una visión integral de la gestión del litoral, con medidas concretas como:
- La protección de núcleos tradicionales de valor etnológico y cultural.
- La gestión coordinada de los sedimentos con las cuencas hidrográficas.
- La revisión del régimen económico para destinar los ingresos del dominio público a su conservación.
El vicepresidente tercero ha resaltado, además, la experiencia de la Comunitat Valenciana, que ya cuenta con una Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Esta normativa autonómica se ha basado en el equilibrio entre “protección ambiental, seguridad jurídica y ordenación territorial”. Ha indicado que esta ley “no invade competencias estatales, sino que actúa de forma complementaria dentro del marco constitucional”.
En este contexto, Martínez Mus ha señalado que el recurso del Gobierno central contra la normativa autonómica ha respondido a planteamientos “basados en hipótesis y no en el contenido real de la ley”. Ha defendido que la legislación valenciana ha respetado plenamente la normativa estatal y la titularidad del dominio público marítimo-terrestre.
Finalmente, ha reiterado que la propuesta valenciana ha buscado compatibilizar la protección ambiental con la realidad social y territorial del litoral, ofreciendo soluciones que aporten estabilidad y garantías tanto para el entorno natural como para la ciudadanía. Coincidiendo con la celebración del pleno en el Senado, Martínez Mus y otros dirigentes autonómicos se han reunido con representantes de las asociaciones de afectados por la regresión de la costa, escuchando de primera mano sus preocupaciones y propuestas.