Las declaraciones e imputaciones dan portadas, aunque no tienen por qué resultar en algo; son parte del proceso normal de las querellas. Algo que, sin embargo, es habitual usar políticamente entre adversarios. Así, especialmente desde que pasara a la oposición a nivel autonómico, provincial -en València- y local en diversidad de municipios, el PP ha utilizado las denuncias por supuestas prácticas ilegales en multitud de ocasiones, que después utilizan mediáticamente. No así, sin embargo, las más de dos decenas que ya acumulan archivadas.
Ayer se supo que el Juzgado de Instrucción número 4 de València llamaba a declarar, por un presunto fraude en la concesión de subvenciones de ayuda al valenciano, a Francis Puig -hermano del President Ximo Puig- y Rubén Trenzano, Director General de Política Lingüística. El caso nace de una querella interpuesta por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, dirigido por Isabel Bonig, en las que denuncia duplicidades en facturas para justificar subvenciones entre 2015 y 2018.
Tras ello, los populares enviaron comparecencias y ofrecieron declaraciones. La Secretaria General del PP, Eva Ortiz, pedía esa misma mañana la comparecencia del President: "Que deje de esconderse", acusaba. Bonig, en Las Mañanas de Federico, llevaba la declaración de Trenzano y el hermano de Puig a compararlo con el caso Nóos. Los titulares también forman parte de la política.
La Vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, apuntaba ayer por la mañana la "tranquilidad" al respecto. Atribuye poca credibilidad a cualquier denuncia popular: "una querella puesta por el partido condenado por corrupción". Ella, desde la experiencia propia, ha señalado que el PP ha "presentado más de 20 querellas que han sido archivadas", como una forma de hacer política del partido conservador.
Oltra fue denunciada por el PP por corrupción a principios de 2018, por unos supuestos fraccionamientos de pagos por valor de 43,7 millones de euros. Como suele ser habitual, la Fiscalía abrió diligencias para estudiar la denuncia, que los populares usaron ya como una victoria por un supuesto "fraccionamiento ilegal para eludir el procedimiento establecido". La Fiscalía, dos meses después, archivó el caso. Un caso que, por otro lado, el PP denunciaba algo por lo que ellos mismos habían sido condenados por pagar con dicha fórmula 1.200 millones de euros, que se gestionaban a través de la Conselleria de Isabel Bonig entonces, de Infraestructuras.
A la suma
Los populares suman una larga lista de denuncias en las que el poder judicial no observa delito real. Los casos más conocidos son los relativos al exconcejal del PP Luís Salom, que se dedicó a poner denuncias a los concejales de La Nau -ahora Rialto-. La mayoría de estas denuncias fueron archivadas, más de una docena. Una actividad que desarrollaba pese a estar imputado por presunto blanqueo de capitales -como la mayoría de su grupo entonces- y que ahora es asesor de María José Català, la líder actual en la ciudad.Ya en febrero del pasado año, desde Compromís, el síndic de la formación en las Corts alertó de la "campaña de denuncias falsas" contra el Botànic y otros gobiernos progresistas locales. "No se le ocurre otra cosa -al PP- que llevar ante la Fiscalía denuncias absurdas y chapuceras", aseveró entonces.
"Una oposición patética". Así ha valorado el President de la Generalitat, Ximo Puig, la estrategia del PP de poner denuncias a la oposición "sin fundamento": "lo hacen para tapar sus vergüenzas".