El secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Antonio Galvañ, ha denunciado que el sistema de distribución de fondos del Gobierno central, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), “vuelve a situar a la Comunitat Valenciana entre los territorios más perjudicados de España” lo que dificulta la puesta en marcha de políticas activas de empleo esenciales para personas desempleadas, empresas y colectivos vulnerables.
Galvañ ha informado de esta situación tras la reunión técnica mantenida para analizar los indicadores previstos en el PAFED 2025, sobre los que se asentará el reparto de fondos del año 2026.
El secretario autonómico ha señalado que, según el informe elaborado por Labora, la Comunitat Valenciana continúa recibiendo “una de las financiaciones más bajas del país por persona desempleada, situándose como penúltima autonomía, con 718 euros por desempleado, 248 euros menos que la media estatal y 998 euros menos que la comunidad mejor financiada.
“Este reparto de fondos implica que los y las valencianas disponemos de un 139 % menos de recursos disponibles que el resto de las autonomías para ejecutar políticas activas de empleo”, ha añadido.
El secretario autonómico ha manifestado que “la Comunitat Valenciana sufre una infrafinanciación endémica en materia de empleo que pone en riesgo la capacidad para ofrecer formación, orientación y programas de inserción laboral que la ciudadanía necesita”.
Reparto desigual que se agrava
Según ha explicado el director general de Labora, con el sistema actual no se tienen en cuenta criterios básicos como la población activa, la población desempleada o la estructura sectorial del territorio, “lo que genera un reparto desigual y perjudicial para autonomías con mayor vulnerabilidad en el mercado laboral”.
En este sentido, la Comunitat Valenciana es la única autonomía que en los últimos tres años (con presupuesto estatal congelado) ha visto descender año tras año el importe recibido por persona desempleada, ampliando la brecha respecto a otros territorios.
Galvañ ha recordado que “las políticas activas de empleo están dirigidas principalmente a personas sin trabajo; por tanto, no tiene sentido que territorios con más desempleo reciban menos recursos”.
Falta de transparencia
El secretario autonómico ha destacado también la falta de claridad en la matriz de indicadores utilizada para el reparto de fondos del 2025, que quedó fijado finalmente sin aplicar los Indicadores de Cumplimiento de Objetivos (ICO) previstos en el PAFED.
Así, según ha denunciado Galvañ, las comunidades autónomas no recibieron información detallada sobre indicadores como “servicio de formación” o “mejor combinación de servicios”, ni sobre los resultados propios o del resto de territorios, pese a que estas variables determinaron recortes o incrementos de financiación. Además, la propia ministra de Trabajo de y Economía Social, Yolanda Díaz, reconoció públicamente la dificultad para comprender la matriz empleada.
El Consell ha recalcado que esta situación “contraviene los principios de transparencia y equidad que deben regir la distribución de fondos públicos”.