La Comunitat Valenciana sería una de las grandes beneficiadas de la reforma del modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno, con un aumento estimado de 3.669 millones de euros en recursos para 2027, según el cálculo del Ejecutivo basado en el acuerdo con ERC. Esto la sitúa como la tercera comunidad que más mejora sus ingresos, por detrás de Andalucía (4.846 millones) y Cataluña (4.686 millones).
El aumento se enmarca dentro de una reforma que eleva la cesión de impuestos estatales a las comunidades, pasando del 50% al 55% del IRPF y del 50% al 56,5% del IVA. En total, el sistema de financiación autonómica ganaría unos 16.000 millones de euros en 2027.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado la propuesta este viernes, día 9 de enero, destacando que el objetivo es reforzar el Estado del bienestar, aumentar los recursos autonómicos, garantizar la solidaridad interterritorial y adaptar el modelo a la diversidad de realidades de España. Asimismo, ha reconocido la complejidad de diseñar un sistema válido para comunidades con características muy diferentes. “No se trata de un modelo a medida para cada autonomía, sino de un sistema flexible que se adapte a las distintas realidades de la España autonómica”, ha señalado.
Cambios en el cálculo de la población ajustada
Uno de los ejes centrales de la reforma es la revisión de la población ajustada, el indicador que determina las necesidades reales de financiación de cada comunidad en función del coste de los servicios públicos.
El nuevo diseño introduce cambios relevantes en los criterios y ponderaciones:
- Población padrón: mantiene un peso clave del 30%.
- Sanidad: la población protegida equivalente pasa a representar el 38%. Se amplían los tramos de edad de 7 a 20 grupos para reflejar mejor el coste sanitario real.
- Educación: el grupo de edad entre 0 y 17 años supone un 17%. Además, se añaden nuevos factores como los jóvenes de 18 a 24 años en estudios universitarios o de FP y los estudiantes desplazados desde otras comunidades, que suman un 3,5% adicional.
- Servicios sociales: la población mayor de 65 años alcanza una ponderación del 7%, diferenciando entre personas de 65 a 79 años y mayores de 80.
- Desempleo sin prestación: se incorpora como nuevo criterio con un peso del 1,5%.
- Superficie territorial: los kilómetros cuadrados de cada comunidad representarán un 1,6%, reconociendo el mayor coste de prestar servicios en territorios extensos.
Próximo paso: negociación con las comunidades
La propuesta del Gobierno abre ahora una fase de diálogo con las comunidades autónomas para avanzar hacia un nuevo sistema de financiación que permita reforzar servicios clave como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.
De esta manerta, Montero ha convocado para el próximo miércoles 14 de enero una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de explicar a los Gobiernos autonómicos la propuesta del modelo de financiación autonómica. Cabe recordar que el Gobierno tiene el 50% de los votos en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que necesitaría el apoyo de una única comunidad autónoma para sacar adelante su propuesta en este foro multilateral.
Hacienda estudia poner un límite al dumping fiscal a las comunidades autónomas
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda también ha explicado, este viernes, que su departamento está trabajando en "poner algún límite" al dumping fiscal que, a su juicio, están acometiendo algunas comunidades autónomas como Madrid, por lo que intentará introducirlo en el nuevo modelo de financiación.
"Sería como si alguien dice: yo bajo mis impuestos y súbelos tú para que yo pueda tener los recursos que necesito para prestar los servicios del Estado del Bienestar", ha denunciado Montero en la rueda de prensa en la que ha detallado su propuesta del modelo de financiación autonómica.
Por ello, ha explicado que el Gobierno quiere poner algún límite al dumping fiscal para "imposibilitar que queden en nada algunas figuras tributarias para poder dotar de una mayor corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades autónomas".
"No tiene sentido que estemos haciendo desde el Gobierno de España esfuerzos extraordinarios para dotar de mayores recursos a los territorios y que luego los territorios bajen los impuestos en la parte que les corresponde y por tanto quedándose sin recaudar una parte importante de la eficacia que tienen determinadas figuras tributarias", ha agregado.