El Ayuntamiento de València se ha visto obligado a comprometerse ante el Síndic de Greuges a implementar una herramienta que garantice la transparencia en la tramitación de las solicitudes de vivienda social y alquiler asequible. La decisión llega tras meses de presión por parte de Compromís per València y la negativa reiterada del gobierno de PP y Vox a facilitar los datos que permitirían evaluar la eficacia de su gestión.
En la respuesta remitida al Síndic de Greuges sobre la queja presentada por la concejala de Compromís, Lucía Beamud, el consistorio reconoce que acepta la recomendación y trasladará a los servicios municipales la modificación de la aplicación informática para poder ofrecer la información solicitada.
Beamud recuerda que su petición era muy clara: conocer cuántas solicitudes de vivienda social y de alquiler asequible había recibido el Ayuntamiento, cuántas se habían archivado, denegado y concedido entre 2023 y 2025, con los datos desglosados por distritos. “Lo que pedíamos era básico para entender la gestión del gobierno de Catalá en un asunto tan sensible como la vivienda. Sin embargo, nos encontramos siempre con evasivas y respuestas imprecisas".
“La respuesta inicial del concejal fue la de siempre: evadir la pregunta y responder otra cosa, con datos además imprecisos, pero cuando se trasladó al Síndic esta ocultación su defensa fue justificarse en la inexistencia de un programa de gestión que pueda hacer esa discriminación”, describe Beamud, que desliza su extrañeza con esta respuesta. “La información que solicitamos no es poca”, reconoce la concejal valencianista, “pero tampoco es tan compleja”.
Un técnico, explica la edil, “podría recopilar esa información y, si se clasificaran las peticiones en una aplicación como Excel, hasta resultaría sencillo obtener una respuesta automatizada. Sin embargo, el gobierno de Catalá ha obviado el trabajo humano y se ha justificado en que la aplicación municipal para hacer estas gestiones no puede extraer automáticamente los datos. Es extraño pero habrá que darlo por válido”.
Aunque la aceptación de la recomendación del Síndic supone un avance, Beamud insiste en que la opacidad continúa hasta que la herramienta sea realmente modificada. “Es un paso, aunque no sabemos en qué dirección, porque hoy por hoy no se ha concretado nada. Lo que sí queda claro es que este episodio demuestra de nuevo la opacidad con la que opera el gobierno de María José Catalá, no solo en vivienda, sino en todas las áreas de gestión.”
La edil valencianista concluye con un aviso: “Estaremos vigilantes para que esta mejora no se quede en una promesa vacía. Las familias que esperan una vivienda social no pueden seguir siendo víctimas de la opacidad ni de la desidia del gobierno de Catalá. La transparencia es una obligación, no una opción.