La Renta Valenciana de Inclusión (RVI), la prestación destinada a garantizar ingresos mínimos a personas y familias en situación de vulnerabilidad, atraviesa una situación crítica en València. "Más de 1.100 expedientes acumulan retrasos superiores a seis meses, según datos oficiales facilitados por el propio Ayuntamiento durante el Pleno municipal", ha señalado Compromís per València.
La formación denuncia que esta cifra evidencia un colapso administrativo que pone en riesgo la protección de las familias más necesitadas. Durante 2024 y 2025, se registraron un total de 7.326 solicitudes de la RVI en la ciudad, de las cuales 1.121 continúan sin resolverse tras más de medio año de espera.
- 2024: 3.362 solicitudes, con 410 expedientes bloqueados más de seis meses.
- 2025: 3.964 solicitudes, con 711 pendientes con retrasos superiores a seis meses.
Los retrasos afectan prácticamente a todos los Centros Municipales de Servicios Sociales y se concentran especialmente en los barrios con mayores necesidades. Según Lucía Beamud, concejala de Compromís per València, el problema no es puntual ni administrativo, sino estructural: “Cuando una ayuda pensada para garantizar la subsistencia tarda más de seis meses en tramitarse, el sistema ya no funciona. Cada expediente bloqueado es una familia sin ingresos, personas mayores sin apoyo o hogares con menores que se quedan meses sin cobertura”.
Falta de personal y recortes: causas del colapso
La formación valencianista apunta a causas claras: la reducción de recursos y la falta de personal en los servicios sociales municipales. Beamud advierte que la situación se traduce en retrasos estructurales en la tramitación de ayudas básicas, aumento de listas de espera en dependencia, reducción de horarios de atención y cierre de recursos sociales por las tardes.
“Estamos viendo cómo, poco a poco, el gobierno está vaciando de recursos unos servicios que son la primera red de protección para muchas familias”, explica Beamud. Según la concejala, la RVI está perdiendo su función principal debido a la incapacidad municipal de gestionarla con normalidad: “No hablamos de una ayuda cualquiera. Hablamos de la prestación que debe evitar que una familia se quede sin comida o sin poder pagar el alquiler”.
Compromís per València reclama un refuerzo urgente de las plantillas de los centros municipales de servicios sociales y un plan de choque que permita reducir el retraso acumulado en la tramitación de la RVI. “Cuando los servicios sociales colapsan, lo que falla no es un papel ni un expediente: falla la protección de las personas más vulnerables”, concluye Beamud.
El partido insiste en que la situación actual es incompatible con una ciudad que aspire a garantizar derechos y cohesión social. “València necesita servicios sociales fuertes, accesibles y con recursos suficientes. Lo que no puede pasar es que cientos de familias tengan que esperar más de seis meses para una ayuda que debería llegar cuando más se necesita”, remarca la concejala.