Las comunidades autónomas españolas con litoral han alzado la voz de forma unánime, exigiendo una profunda transformación de la legislación que rige las costas del país. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha subrayado la imperiosa necesidad de que estas regiones "hagan un frente común a la nueva normativa estatal y asuman el liderazgo en la defensa de nuestras costas" con el fin de redactar una nueva ley que supere la actual política de deslindes y ofrezca mayor seguridad jurídica.
Esta contundente declaración se produjo durante la II Cumbre Nacional del Litoral, un evento crucial organizado por la Generalitat Valenciana en València. La cita congregó a importantes representantes de gobiernos autonómicos costeros, incluyendo a la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de Galicia, Ángeles Vázquez; el conseller del Mar y del Ciclo del Agua de las Islas Baleares, Juan Manuel Lafuente; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García; y el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de Cantabria, Roberto Meria. Por parte de la Generalitat, también estuvieron presentes el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra, y el director general de Costas, Puertos y Aeropuerto, Marc García Manzana.
Un frente común por una gestión costera renovada
Durante su intervención, el vicepresidente Martínez Mus enfatizó que este encuentro representa un hito significativo, donde "el Consell refuerza alianzas y da un paso más hacia propuestas concretas, consolidando un un diálogo institucional". La cumbre da continuidad a un trabajo colaborativo iniciado en julio de 2025, cuando los directores generales de las comunidades que representan el 80% del litoral español firmaron en València un manifiesto pionero "por una gestión más eficiente, integrada y resiliente". Este esfuerzo se consolidó posteriormente en la I Cumbre Nacional del Litoral, celebrada el año anterior en Galicia.
Las autonomías participantes en la cumbre han sellado un manifiesto conjunto que articula sus principales demandas y rechazos. Este documento clave exige:
- La aprobación de una nueva Ley de Costas que se adapte a las realidades actuales.
- El rechazo explícito a los reglamentos que el Gobierno central está impulsando, al considerarlos insuficientes y desalineados con las necesidades territoriales.
- La solicitud de una reunión urgente de la comisión sectorial, con la presencia indispensable de la ministra Sara Aagesen, para abordar estas cuestiones de manera directa.
Además, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo especializado. Su misión será redactar un borrador de una nueva Ley de Costas "con visión autonómica, incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular", según detalló el vicepresidente. Esta iniciativa busca asegurar que la futura normativa refleje la diversidad y particularidades de cada tramo del litoral español.
Críticas a la Ley de Costas de 1988 y la necesidad de actualización
Martínez Mus fue categórico al afirmar: "Estamos decididos en cambiar la ley de costas, necesitamos un nuevo marco normativo más actual, más real, la ley del 88 ya no cubre las necesidades que tiene nuestra costa y tampoco estamos de acuerdo con que la innovación legislativa tenga que ser un reglamento que intenta saltarse la parte que debería cubrir una nueva ley y, especialmente, si va con la misma filosofía que ya se intentó en el año 2018". Esta declaración subraya la urgencia de una reforma legislativa profunda, más allá de meros ajustes reglamentarios.
El vicepresidente defendió la necesidad de realizar un balance exhaustivo 38 años después de la aprobación de la Ley 22/1988, de Costas. "No se trata de cuestionar el objetivo de proteger, sino de reconocer que el modelo necesita una actualización profunda", señaló. Entre los argumentos esgrimidos, destacó que la regresión costera avanza de forma alarmante en numerosos tramos, los deslindes actuales generan una considerable inseguridad jurídica para ciudadanos y empresas, y el mapa competencial ha experimentado un cambio radical desde 1988. De hecho, ocho de las diez comunidades con litoral ya han asumido o han solicitado la transferencia de competencias en esta materia, evidenciando la obsolescencia del marco actual.
Propuestas para una ley de costas del siglo XXI
La propuesta de las comunidades autónomas se centra en una nueva ley nacional que reordene de manera efectiva las competencias. Esta nueva normativa debería:
- Limitar la acción del Estado en áreas como los deslindes y las obras de interés general, otorgando mayor autonomía a las regiones.
- Avanzar hacia una gestión predominantemente autonómica, más cercana a las realidades locales.
- Aportar una seguridad jurídica robusta, eliminando la incertidumbre actual.
- Regular con criterios objetivos las concesiones y reconocer las concesiones compensatorias como derechos indemnizatorios.
- Proteger los núcleos tradicionales de valor etnológico y cultural, salvaguardando el patrimonio costero.
- Incorporar una gestión integral de los sedimentos, fundamental para la sostenibilidad de las playas y ecosistemas.
Martínez Mus concluyó este punto con una declaración contundente: "No pedimos menos protección. Pedimos mejor protección. Más eficaz. Más cercana. Más adaptada". Esta frase encapsula la filosofía de las comunidades, que buscan una protección más inteligente y contextualizada.
La experiencia valenciana como modelo
El vicepresidente Martínez Mus también puso en valor la experiencia de la Comunitat Valenciana, que ya ha avanzado con su propia Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Esta normativa autonómica establece principios claros, instrumentos de ordenación específicos, una clasificación de playas según su grado de urbanización y tres grandes áreas de gestión: protección ambiental, mejora ambiental y paisajística, y reordenación. "No es una ley contra nadie. Es una ley a favor del equilibrio, de la seguridad jurídica y de quienes viven en la costa y de quienes la visitan", agregó, destacando su enfoque equilibrado y pragmático.
Además, el vicepresidente alertó sobre la situación en la Comunitat Valenciana, donde existen aproximadamente 60 kilómetros de deslindes en curso, muchos de ellos actualmente impugnados, lo que genera una gran incertidumbre. También exigió la ejecución de las estrategias de protección costera planificadas en 2015 en áreas críticas como el sur de Castellón, el sur de Valencia, Andalucía, Baleares o el Maresme. "No puede haber planificación sobre el papel y abandono sobre el terreno", sentenció, reclamando acciones concretas y no solo promesas.
Cooperación interautonómica: una estrategia clave
Finalmente, Martínez Mus insistió en que la cooperación entre las comunidades autónomas es una necesidad estratégica ineludible. "Hoy no estamos aquí para confrontar, sino para coordinar. Para fijar una posición común sobre aspectos que no deberían modificarse en el nuevo Reglamento General de Costas. Para intercambiar recursos técnicos y jurídicos y para defender conjuntamente nuestras competencias", concluyó. Defendió que la rica diversidad del litoral español debe reflejarse fielmente en la normativa y que proteger la costa es, en última instancia, salvaguardar el futuro y la prosperidad de las comunidades que dependen de ella.