El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de 80 medidas anticrisis que movilizará 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Entre ellas, una de las que más contendrá la subida de precios es la rebaja del IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo al 10%, así como la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%.
Una reducción “drástica” de la fiscalidad energética que, como ha detallado Sánchez, supondrá, por ejemplo, “un ahorro de 20 euros por depósito para un coche medio”, ya que cuando se haga efectiva esta rebaja, el precio del litro del carburante será de hasta 30 céntimos menos.
Además, se reducirá también al 10% el IVA aplicables a los pellets y, por tanto, a la leña; mientras que se congelará el precio máximo de venta del butano y del propano.
Impulso a la soberanía energética
En el plano fiscal, el plan del Ejecutivo contiene medidas estructurales para impulsar la electrificación de la economía y la soberanía energética, con deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga, bombas de calor. De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.
En el impuesto de Sociedades, se recoge libertad de amortización para inversiones en renovables que sustituyan equipos fósiles. También se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50% el IBI para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95% para las obras e instalaciones de estos sistemas.
Sánchez ha puesto en valor que, con este plan, España será el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea para hacer frente al conflicto en Oriente Próximo. Además, ha asegurado que sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario y, si las circunstancias lo requieren, porque la gravedad de la crisis se acentúa, se ampliarán.
Prohibido el corte de suministro a personas vulnerables
El paquete de medidas prorroga para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.
También se incluye mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético, permitiendo que tanto empresas como autónomos puedan adaptar sus condiciones con mayor facilidad y sin costes adicionales.
Ayudas para transportistas, agricultores y ganaderos
Por su parte, el Gobierno ha anunciado que los profesionales del transporte por carretera, agricultores, ganaderos y pescadores tendrán un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible que reposten en sus vehículos hasta el 30 de junio, incluyendo camiones, autobuses, ambulancias o furgonetas, entre otros, para amortiguar el impacto que estos sectores están recibiendo por las consecuencias de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Además del descuento de 20 céntimos en los carburantes, los profesionales de la agricultura también podrán acceder a una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, que también se han visto afectados por la guerra y pueden desencadenar un aumento del precio de productos como el aceite.
Blindaje a los trabajadores: el Gobierno prohíbe despedir a empresas que reciban ayudas públicas
Por último, otras de las medidas que han llamado la atención es la prohibición a las empresas, que se beneficien de las ayudas relacionadas con los efectos económicos de la guerra en Irán, de acometer despidos.
Asimismo, el plan adelanta un año la entrada en vigor de la obligación de empresas y entidades públicas de mayor tamaño de tener un plan de movilidad sostenible al trabajo y amplía esta obligación a empresas privadas que se beneficien de las ayudas contempladas en el plan de respuesta a la crisis. De esta forma, esta empresas tendrán que tener antes de finales de este año un plan de movilidad sostenible al trabajo si cuentan con más de 200 trabajadores o 100 por turno.