El Ayuntamiento de Picanya ha decidido dar un primer paso para redefinir el futuro de una de las zonas más castigadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Y es que el consistorio llevará esta semana a pleno una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la que pretende replantear la calle Almassereta desde un enfoque de prevención y reducción del riesgo ante posibles inundaciones futuras. La propuesta urbanística afecta directamente a la vía más dañada por el desbordamiento del barranco del Poyo, donde el agua llegó a alcanzar hasta cuatro metros de altura y arrasó varias viviendas.
El documento, que se someterá a debate en el próximo pleno, plantea trasladar las viviendas de la calle Almassereta a una zona más segura, ligeramente más alejada del barranco y situada a mayor cota. En concreto, las nuevas edificaciones se ubicarían en un suelo actualmente clasificado como industrial, a unos 30 metros de distancia, con fachada a las calles Pintor Sorolla y Azorín. Esta zona se encuentra entre dos y tres metros por encima del nivel actual de la calle Almassereta, lo que permitiría reducir de forma significativa el riesgo de inundación en episodios de lluvia extrema.
La modificación del PGOU prevé la expropiación de las parcelas afectadas y la recalificación del suelo industrial a residencial, mientras que el espacio que hoy ocupan las viviendas devastadas se transformaría en una zona verde inundable. Este nuevo parque actuaría como una infraestructura hidráulica de prevención, ampliando la sección del cauce del barranco - con una anchura media de unos 30 metros - y permitiendo, según los cálculos técnicos, reducir en más de dos metros el nivel del agua en caso de grandes avenidas.
Exposición pública y posibilidad de alegaciones
Antes de llegar al pleno, la Comisión Informativa Ambiental y Territorial tiene previsto aprobar el dictamen ambiental de la Modificación Puntual nº 27 del PGOU. Si se cumplen los plazos, el acuerdo plenario abrirá un periodo de exposición pública de 45 días, durante el cual tanto el vecindario como las administraciones podrán presentar alegaciones con efectos legales.
Desde Compromís per Picanya insisten en que este trámite no supone una aprobación definitiva ni resuelve cuestiones clave como el acceso de las familias a las futuras viviendas, el régimen de propiedad o alquiler, los precios, las condiciones económicas o los plazos de ejecución. Tampoco se aprueba en esta fase ningún proyecto ejecutivo del parque inundable ni se concretan adjudicaciones.
“Es un paso estrictamente urbanístico y previo”, subrayan desde la formación, que recuerda que todas esas decisiones deberán abordarse más adelante mediante otros instrumentos urbanísticos y acuerdos políticos específicos. De hecho, el portavoz de Compromís en Picanya, Guillem Gil, ha querido rebajar expectativas y llamar al realismo. “No vamos a aprobar que pasado mañana las familias vayan a tener un hogar ni un parque inundable delante de sus casas”, señala. En su opinión, el debate debe centrarse ahora en ofrecer certezas jurídicas y en garantizar la financiación necesaria.
Desconfianza vecinal tras la suspensión de licencias
Tras la dana, el Ayuntamiento de Picanya decidió suspender de forma temporal las licencias de obra en las calles Almassereta y Baixada Realenc, con el argumento de proteger la seguridad del vecindario mientras se revisaba el planeamiento urbanístico. Aunque el equipo de gobierno defendió la medida como “necesaria”, entre los vecinos se instaló la desconfianza, al temer que esa suspensión fuese el preludio de una recalificación definitiva como zona verde o de operaciones urbanísticas sin alternativas claras para quienes perdieron sus casas.
Desde Compromís recuerdan que el cómo, cuándo y en qué condiciones podrán acceder las familias a una nueva vivienda todavía no está sobre la mesa y que precisamente este trámite es el que permitirá que, en fases posteriores, pueda abordarse con garantías jurídicas, transparencia y participación vecinal.
La formación ha señalado además que ha facilitado al vecindario el acceso al documento completo incluso antes de la apertura oficial del periodo de exposición pública, con el objetivo de que la ciudadanía disponga de información clara desde el inicio y pueda preparar alegaciones con mayor conocimiento de causa.