El Ayuntamiento de València, junto con una cincuentena de consistorios y entidades locales, ha presentado alegaciones conjuntas a la consulta pública del gobierno central sobre las comunidades energéticas. En las alegaciones se reivindican mecanismos sencillos y unificados para su tramitación, recursos y herramientas para impulsarlas, capacidad de participación directa en las normas que les afectan, facilitar el bono social y un sistema de gobernanza de la energía más democrático.
"Con estas alegaciones, el Ayuntamiento de València se suma a las reivindicaciones para tener no solo ve reconocido su papel en la transición energética, sino también los medios para hacerla realidad en nuestra ciudad", ha explicado el concejal de Emergencia Climática y Transición Energética, Alejandro Ramon. "En València estamos impulsando estas comunidades como un proyecto de ciudad respaldado por Alcaldía y tenemos ya dos proyectos pilotos en Aiora-l’Illa Perduda y en Castellar-l'Oliveral, que se verán directamente afectados por esta nueva reglamentación y podrían beneficiarse de las modificaciones propuestas para favorecer el abastecimiento en energía renovables de toda la ciudadanía", ha detallado.
Las alegaciones responden a la consulta pública planteada por Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático, cuya finalidad era recabar la opinión de colectivos y entidades interesadas, administraciones y agentes potencialmente involucrados en el desarrollo de las comunidades energéticas, para la transposición al ordenamiento jurídico español de las directrices europeas del mercado interior de la electricidad y la de energías renovables. Estas directivas establecen que los países de la Unión Europea han de garantizar en su ordenamiento nacional el derecho a producir, consumir, almacenar y vender la propia energía renovable de la ciudadanía. En ellas se establecen dos modelos de comunidades locales de energía: la comunidad de energías renovables y la comunidad ciudadana de energía.
Las alegaciones reclaman acudir a un escenario ambicioso de gestión ciudadana y municipalista de la energía, a la vez que tratan de dar todas las garantías para que las Comunidades Energéticas operen sin afectar a la seguridad del sector eléctrico. Además, dos de las alegaciones plantean que las comunidades energéticas puedan extender las experiencias de autoconsumo más allá de la limitación actual de los 500 metros y que puedan operar en red de media tensión, permitiendo estrategias de producción cooperativa municipal.
En aras de mejorar el acceso a la energía para la población en situación de vulnerabilidad, los ayuntamientos proponen que "las comunidades energéticas puedan facilitar el bono social o las ayudas que existan en materia de pobreza energética, al igual que deberían poderlo hacerlo todas las comercializadoras y no solo las de referencia". Se propone también "crear marcos locales de intervención que permitirían hacer de la energía un vector de transformación de la ciudad". También se contempla que las comunidades energéticas puedan operar como suministradoras, tal como plantea la directiva, cumpliendo una serie de requisitos y con menos exigencias normativas que las que se contemplan para las comercializadoras de ámbito estatal.
A su vez, dichas comunidades podrán operar en la red de distribución, tal y como plantea la directiva. Para que dicha operación se dé con todas las garantías, se entiende que debería hacerlo de la mano de una distribuidora. "Esto podría añadir un dinamismo económico local, como el que está provocando en Alemania y otros países, que reporte beneficios para el municipio, sus vecinas y vecinos, sí como para el tejido comercial e industrial", apuntan las alegaciones.Entre los ayuntamientos que han suscrito las alegaciones se encuentran los de València, Barcelona, Cádiz, Palma, Lleida y Girona.