El Palau de la Música acogió este sábado una jornada formativa que reunió a empleados públicos del Ayuntamiento de València con un objetivo concreto: aprender a detectar, prevenir y frenar el fraude y la corrupción antes de que se produzcan. Una iniciativa que, más allá del taller y las presentaciones, pone el foco en algo que pocas veces se discute en voz alta: la ética pública no nace sola, hay que cultivarla.
Formación como primera línea de defensa
La jornada fue impulsada por la Dirección General del Sector Público, a cargo de Ana Gil, en colaboración con Hilario Llavador, titular de la Secretaría General y del Pleno. La formación corrió a cargo de técnicos especializados de la Agencia Valenciana Antifraude, un organismo adscrito a Les Corts Valencianes que actúa con independencia de las administraciones públicas y que lleva años consolidándose como referente en materia de integridad pública. Entre sus funciones se encuentra precisamente la de colaborar con los órganos competentes en la formación del personal en materia de integridad y ética pública mediante la elaboración de guías formativas y asesoramiento especializado en la lucha contra el fraude y la corrupción.
Esta no es una actividad aislada. La Agencia ha completado ya cuatro ediciones de su curso sobre leyes y estrategias para combatir la corrupción, con más de 160 profesionales participantes procedentes de administraciones de toda la Comunitat Valenciana y de otras provincias españolas. En municipios como Quart de Poblet y Mislata, más de 60 empleados públicos han recibido formación en ética e integridad pública junto a la Agencia. El Ayuntamiento de València da así un paso en una dirección que ya siguen otros municipios de la región.
Del aula a la práctica: conflictos de interés y canales de denuncia
El programa de la jornada no se quedó en lo teórico. Los asistentes abordaron el sistema de integridad legal de la Comunitat Valenciana, los riesgos concretos de fraude y corrupción en la administración y los mecanismos de la Ley 2/2023, que regula los canales de información internos y el buzón de denuncias de la propia Agencia Valenciana Antifraude. Solo en el primer año de aplicación de esa ley, la Agencia firmó 106 protocolos y recibió 302 comunicaciones de responsables de sistemas de información en las administraciones públicas valencianas. Una cifra que ilustra hasta qué punto la normativa está aterrizando en la realidad cotidiana de las instituciones.
Pero quizás lo más revelador de la jornada fue el taller práctico dedicado a la gestión de conflictos de interés desde la perspectiva de la integridad institucional. Porque si hay un territorio donde el fraude se cuela sin llamar a la puerta, es precisamente ahí: en los espacios grises donde lo personal y lo público se rozan sin que nadie levante la mano.
Una cultura que no se improvisa
La directora general del Sector Público, Ana Gil, fue directa en su valoración de la iniciativa:
"La integridad institucional no es solo una obligación normativa, sino un compromiso diario con los ciudadanos que exige formación, herramientas y una actitud proactiva por parte de todas las personas que forman parte del sector público" - Ana Gil, directora general del Sector Público del Ayuntamiento de València
Gil también subrayó que "este tipo de iniciativas contribuyen a construir administraciones más transparentes, responsables y preparadas para prevenir riesgos de fraude o corrupción". Una declaración que, leída entre líneas, reconoce algo importante: la transparencia no es un estado que se alcanza, sino un proceso que se trabaja cada día.
Valencia, laboratorio de integridad pública
La Agencia Valenciana Antifraude trabaja además en el marco del proyecto LOCRIiS de la OCDE, financiado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es desarrollar indicadores de integridad pública adaptados al contexto de los entes subnacionales españoles. En una fase posterior, la OCDE, en colaboración con la Agencia, seleccionará hasta tres municipios de la Comunitat Valenciana donde, a mediados de 2026, se celebrarán talleres para un ejercicio piloto de recogida de datos. La apuesta del Ayuntamiento de València por la formación antifraude llega, por tanto, en un momento en que la integridad pública ha dejado de ser solo un eslogan para convertirse en un campo de trabajo serio, medible y con respaldo internacional. Que los empleados públicos se sienten a aprender cómo evitar la corrupción no es un gesto menor: es, quizás, la señal más honesta de que algo está cambiando.