La actual Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a que todas aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes tengan incorporada una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Por ello, el Ayuntamiento de València se encuentra trabajando en el diseño de un modelo que pretenden aplicar para que los vehículos más contaminantes (así como los más antiguos) no puedan circular por un determinado espacio de la ciudad.
Desde el departamento de Movilidad Sostenible, ya se han hecho varios avances por lo que respecta a esta medida para restringir el acceso a determinados vehículos en función de sus emisiones y permitir la entrada de los más limpios. Por el momento, todo pasa por la contratación del sistema de cámaras y de control. Posteriormente, será necesario delimitar la zona en la que tendrá efecto la iniciativa.
Por lo que respecta al presupuesto, será un total de 10 millones de euros. Aunque, eso sí, nueve de ellos estarán financiados con los fondos Next Generation, por lo que el consistorio tan solo deberá aportar el millón restante. Con esta Zona de Bajas Emisiones, València se igualará a ciudades como Madrid o Barcelona, a pesar de que en esta última una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia catalán la ha anulado tras ser impugnada por diversas asociaciones de transportistas.
Una vez arreglado el tema de las cámaras, fuentes de la concejalía afirman que el siguiente paso será elaborar “el reglamento de esa zona que está por determinar, para lo que habrá un debate con la ciudadanía y con todos los agentes, para determinar cuál es el alcance de la medida”. Por ello, su aplicación puede ser transitoria en el territorio en el que se pretenda actuar.
Según Movilidad Sostenible, “de manera prioritaria e inmediata se va a licitar el proyecto técnico y el constructivo para instalar un sistema de cámaras de lectura de matrícula de última tecnología, que utilizará inteligencia artificial”. Esto da a entender que el sistema estará automatizado y que requerirá “de menos recursos humanos” que los que hacen falta para controlar el Área de Prioridad Residencial (APR) en Ciutat Vella. Además, el sistema de cámaras estará integrado con todas las plataformas electrónicas de Smart City.
A la hora de sancionar, el sistema se basará en el etiquetado medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), que marca las características de los vehículos. “Todo el sistema de autorización se determinará en base a muchos vectores y debates que se generan, que tenemos la voluntad de impulsar para abordar un pacto social para la transición ecológica, cada vez más urgente, con el objeto de definir el modelo de la València de 2030”, aseguran.
El impugnado caso de Barcelona
Muy probablemente, los técnicos que estén diseñando la viabilidad del sistema de la Zona de Bajas Emisiones habrán echado un ojo a lo sucedido en Barcelona. Allí, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado esta herramienta en la ciudad condal tras impugnarla diversas asociaciones de transportistas. Un ejemplo que València no debería seguir y que da ideas sobre qué líneas traspasar y cuáles no.
Por un lado, el TSJ recuerda que la ZBE barcelonesa afectaba a "decenas de miles de vehículos", cuya falta de distintivo ambiental de la DGT se produce "por el dato de antigüedad del vehículo". Esto es un problema debido a que no todo el mundo tiene la capacidad económica de renovar el vehículo y, sin embargo, se ven castigados de igual manera dada la rigidez del sistema. Y a nivel profesional, afecta más a los autónomos, pymes y micropymes.
Otra de las cuestiones que pone sobre la mesa la justicia catalana es relativa al área en la que se implantó la ZBE de Barcelona, algo “excesiva”. En total, unos 95 kilómetros cuadrados. La restricción, regulada en una ordenanza, prohibía el acceso a los vehículos sin la etiqueta ambiental de la DGT durante los días laborables de 7.00h a 20.00h.
Por último, respecto a la ordenanza de Barcelona se pasó por alto la repercusión económica que las restricciones pueden tener en el impuesto municipal de circulación así como en vehículos residentes y la actividad en contratos ya concertados, especialmente del sector del transporte, según el TSJ catalán.
Todos estos aspectos deberán estar correctamente justificados en la ZBE que se está impulsando en València, puesto que el incumplimiento de alguna de estas variantes puede llevar a la suspensión de esta iniciativa en la capital del Túria.