Hace algunas semanas se hacía pública la dramática situación de 16 familias que están siendo expulsadas de sus casas en el barrio del Botánico para hacer 32 apartamentos turísticos. Los dos edificios ubicados en los números 49 y 51 de la calle Turia están a punto de ser vendidos y los actuales propietarios están desahuciando a las 16 familias que viven allí y a los comercios y equipamientos que se ubican en los bajos.
Este sábado, más de un centenar de personas se han concentrado en la calle Turia para denunciar esta situación y exigir una respuesta a las administraciones públicas que permita a estas personas continuar en sus casas. Han descolgado una gran pancarta donde se puede leer "El vecindario de Turia se queda", con la que anuncian que este acto es el inicio de una lucha colectiva que no acabará hasta que no consigan la renovación de sus contratos.
Mediante esta protesta, el vecindario ha anunciado que no se irá de la finca y que empieza una lucha colectiva para frenar su expulsión, pero también para denunciar la presión inmobiliaria y turística que reciben las zonas de Ciutat Vella y Botánico, y evitar que vuelven a repetirse casos como este. Lo hacen con el apoyo de la PAH, Veïnat en Perill d’Extinció y EntreBarris, plataformas ciudadanas que llevan años luchando por el derecho a la vivienda y contra la especulación, la gentrificación y turistificación en Valencia.
Han pedido a los actuales propietarios la renovación de todos los contratos de alquiler por cinco años a un precio justo y asequible. Además, han exigido a las administraciones públicas que tomen partido y paren la expulsión del vecindario y de los comercios y la conversión de los edificios en negocios turísticos. Señalan que existen medidas que las instituciones pueden llevar a cabo, como la compra del edificio acogiéndose al derecho de tanteo y retracto.
Con esta protesta han reivindicado también el valor social de un vecindario y de unos comercios y equipamientos que hacen comunidad al barrio del Botánico desde hace cuatro décadas. Señalan que, si las administraciones no actuan, se expulsará, entre otros, a una pareja de personas mayores que viven de renta antigua y que llevan 40 años en el edificio. También a equipamientos esecnciales que cumplen una función social fundamental y vertebran la vida comunitaria, como es el caso de una escoleta a la que acuden muchos niños del barrio.