La comisión que investiga el fraude en EMT pide el cese de la jefa de Gestión por "falta de diligencia"

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La comisión de trabajo abierta en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València para investigar el fraude de 4 millones de euros detectado en sus cuentas el pasado año ha pedido el cese de la jefa de gestión, María Rayón, por "falta de diligencia constatada".

Así se recoge en las recomendaciones del informe final de dicha comisión, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha emitido dicho órgano tras un año de trabajo para analizar la estafa y "determinar qué circunstancias de organización y funcionamiento" fueron "clave para que el fraude pudiese cometerse" y cuáles se dieron para que "ningún mecanismo evitase" que se produjera durante 20 días, hasta que Caixabank avisó "de la irregularidad" de los movimientos bancarios "sin que ninguna persona de la empresa se percatase" antes.

Este lunes la EMT ha celebrado un consejo de administración para abordar distintas adjudicaciones y dar cuenta de la reciente destitución del gerente, Josep Enric García. Este cese fue dado a conocer la pasada semana por el presidente de la entidad y concejal, Giuseppe Grezzi, que anunció su decisión de iniciar "una nueva etapa de gestión".

El edil desvinculó la medida de la comisión de investigación y de la estafa. Tras conocerse el fraude, el año pasado fue despedida la jefa de administración de la compañía, Celia Zafra.

La comisión de investigación, presidida por la concejala y consejera socialista en la EMT Elisa Valía, plantea como primera recomendación cesar a la jefa de gestión, "a la luz de las conclusiones presentadas" y para "mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta de la empresa ante eventuales futuras situaciones análogas a la del fraude", ocurrido en septiembre de 2019, y "evitar así perjuicios como los sufridos".

La destitución de esta directiva se apunta "ante la falta de diligencia constatada" y "como máxima responsable del área de gestión". La comisión indica que ha podido constatar "numerosas acciones y decisiones por parte de la jefa del área que, si bien no facilitaron el fraude no impidieron que pudiese prolongarse durante más de 20 días".

Además, entre las recomendaciones se insta a separar el área de gestión actual "en dos departamentos o áreas distintas, finanzas y recursos humanos", dada "la distinta naturaleza de los asuntos" y los "cambios estructurales" que aconseja para gestión en favor de "una mejor organización y mayor seguridad en el trabajo". Al respecto, sostiene que este departamento "tiene una envergadura considerable" que "no facilita el seguimiento de los procesos" por sus dirigentes.

Igualmente, la comisión invita a hacer protocolos para finanzas con "especial atención" en administración al "control de la tesorería y la conciliación bancaria". "Deberán diseñarse de forma que la distribución de tareas actúe de cortafuegos ante posibles irregularidades", subraya.

Por otro lado, recomienda dar "formación específica" a los empleados del área "para que conozcan todos los protocolos y procedimientos" ya que son "quienes deben aplicarlos". "La empresa debe asegurarse de que la formación que reciben es la adecuada para desarrollar su trabajo con las máximas garantías", expone.

"NINGUNA FUNCIÓN DESATENDIDA"

La comisión aconseja hacer protocolos para "la delegación formal de funciones en caso de que una persona empleada se encuentre en situación de baja, permiso o descanso --la jefa de gestión estaba de baja por maternidad cuando se produjo el fraude, que coincidió con vacaciones del exgerente--". "Debe quedar establecido quién asume las tareas de un compañero" ante "una ausencia" para que "ninguna función quede desatendida", sostiene.

En las conclusiones recuerda que la actuación de la jefa de administración y de Caixabank --desde la que se emitieron las transferencias del fraude--, está investigándose en un juzgado y precisa por ello que este documento no se refiere "a las posibles responsabilidades judiciales" que puedan señalarse.

Tras ello, apunta que "el resultado del trabajo de la comisión" es "la constatación de vulnerabilidades no resueltas en el procedimiento de conciliación bancaria y control de la tesorería, así como en la falta de delegación de funciones de forma protocolizada en situación de baja o permiso". Igualmente, la comisión comenta que en su investigación constató "divergencias" entre quienes pasaron por este órgano en cuanto a conciliación bancaria y el control de tesorería.

Asimismo, recomienda "la obligatoriedad de que todas las transacciones que conlleven un pago se realicen a través de la banca en línea y nunca con firma en papel", que deberá "eliminarse por completo para autorizar y ordenar pagos". En este punto, resalta que las entidades bancarias con las que trabaja la empresa deben saber que "no se desea operar de forma distinta".

CONTROL Y PUESTOS DE TRABAJO

La comisión aboga también por crear "un departamento de control interno que certifique la calidad de los procedimientos y protocolos" y "establezca un sistema de vigilancia continuo que permita actualizarlos y mejorarlos". Destaca que debe garantizarse que "los protocolos estén diseñados para proteger a la empresa" ante su incumplimiento.

En sus conclusiones, la comisión de investigación expone que ha constatado que aunque la dirección de la EMT decidió iniciar la elaboración de protocolos y procedimientos porque no había a su llegada en 2015, "este proceso no se había podido concluir".

Por otro lado, invita a hacer una relación de puestos de trabajo "con urgencia" y a elaborar un "Programa de Cumplimiento validado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento" como "garantía de que la empresa tiene los suficientes mecanismos de seguridad". En cuanto a organización de personal la comisión expone que ahora "cada área es gestionada de forma autónoma por su correspondiente responsable".

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