El presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Giuseppe Grezzi, ha convocado un Consejo de Administración extraordinario, que se celebrará de manera telemática mañana viernes a las 10.30 horas, para informar a los consejeros y consejeras de la decisión del Tribunal de Cuentas de requerir a la exdirectora de Administración de EMT, Celia Zafra, un total de 4.210.750.49 euros por el fraude cometido contra la empresa municipal en septiembre de 2019.
Los consejeros y consejeras han tenido acceso al acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas, que fue facilitada a la empresa municipal ayer en la vista celebrada en Madrid. En este escrito, la delegada instructora considera que "existe negligencia grave y por supuesto una actuación dolosa por parte de la Sra. Zafra", puesto que "posibilitó con su intermediación que se realizaran las ocho transferencias con la correspondiente salida de fondos públicos de la EMT, ya que facilitó a los presuntos estafadores una documentación en la que constaban las firmas de las personas autorizadas al pago".
La delegada instructora argumenta que "las transferencias realizadas durante el periodo del fraude nunca entraron en el protocolo. De haber sido así, las facturas hubieran quedado bloqueadas en la primera fase al no tener firma autorizada de ningún Director de Área. Este fraude es debido a una suplantación de varias identidades y de que: por una parte, el mando responsable se salta los procedimientos (y) la falta del deber de custodia de los fondos públicos depositados en la entidad bancaria".
Precisamente, el Consejo de Administración decidió recurrir la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº1 de Valencia sobre la impugnación de despido de la exdirectora de Administración al considerar que incumplió con su deber de confidencialidad y custodia de la documentación de la empresa.Por su parte, el juzgado de instrucción número 18 de València mantiene como investigada a la exdirectiva en la investigación del fraude contra EMT, en la que también está personada como posible responsable civil subsidiaria la entidad Caixabank.