El exconseller y exdiputado en Les Corts, Rafael Blasco, volvía a sentarse en el banquillo de los acusados este miércoles. Sin embargo, justo cuando el juicio acababa de comenzar en la sección tercera de la Audiencia de València, uno de los cuatro acusados se ha desmayado. El exjefe del servicio de informática, Javier Murcia, ha sido el que, tras comunicar su indisposición, ha caído desplomado al suelo. Tras ser atendido por un médico forense, Javier M. G. fue atendido por un equipo del SAMU, antes de ser trasladado a un hospital.
Rafael Blasco, quien fuera uno de los hombres fuertes del PP valenciano está acusado de presunto amaño en contratos de informática en su etapa al frente de la Conselleria de Solidaridad e Inmigración. Pero, habrá que esperar a otra jornada para ver en qué acaba este juicio. Blasco ya pasó un largo tiempo en prisión por el desvío de ayudas al Tercer Mundo en beneficio de una red corrupta.
En este caso, se trata de la pieza 5 del caso Cooperación, que investiga presuntas irregularidades en contratos informáticos. El fiscal pidió en su calificación provisional dos años y ocho meses de cárcel para él, al entender que manipuló al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública, entre 2008 y 2011. Por lo que le imputa los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración. Además, también se le pide al exconseller el pago de 400.000 euros de multa.
No obstante, la acusación popular, representada por la Coordinadora Valenciana de ONGD, solicitaba una pena de cinco años de prisión para Blasco por unos hechos que se produjeron en la etapa al frente de la Conselleria de Solidaridad e Inmigración. Cabe recordar que Blasco ya fue condenado por la desviación de ayudas a ONGs y el proyecto fallido por la construcción de un hospital en Haití, piezas relacionadas con el Caso Cooperación.
Sentados como acusados junto a Blasco estaban el empresario Augusto César Tauroni, la exsecretaria general de la Conselleria Agustina Sanjuán y el exjefe del servicio de informática Javier Murcia. La entidad reclamaba cinco años de prisión y una multa de 350.000 euros para Tauroni y Sanjuán, mientras que solicitaba tres años de prisión para Javier Murcia. Por su parte, la Fiscalía pedía penas inferiores. Dos años de prisión para Sanjuán y una multa de 300.000 euros; año y medio de prisión para el exjefe de informática y 300.000 euros de multa; i dos años y medio de prisión y multa de 400.000 euros para Tauroni.
La Fiscalía cifraba en 289.363 euros el perjuicio ocasionado a la hacienda pública autonómica en esta pieza. Se ha investigado un presunto acuerdo alrededor de contratos informáticos adjudicados desde la administración valenciana a Fujitsu i a dos empresas más, subcontratadas a las sociedades de Tauroni. Estas empresas recibían alrededor de un 7% de comisión del total del contrato.
La Coordinadora mostraba, ante lo que recalcaba como uno de los casos de corrupción "más inmorales" que ha sufrido la Comunitat Valenciana, su deseo de que se hiciera justicia. Además, el colectivo remarcaba también que "este no es un caso de corrupción más. Ha sido una de las tramas más indignas y repugnantes a las cuales nos hemos enfrentado en los últimos años".