La suspensión de los desahucios para familias vulneables se amplía hasta el 31 de diciembre

Esta iniciativa del Gobierno de España forma parte de los últimos reales decretos-leyes

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Protesta en el barrio del Cabanyal de València ante un posible desahucio
Protesta en el barrio del Cabanyal de València ante un posible desahucio

Con la marcada situación de crisis económica derivada en un primer momento por la pandemia de la COVID-19 y, posteriormente, por la guerra en Ucrania, cada vez son más las familias vulnerables en España. Con el objetivo de proteger a estas personas, el Gobierno ha aprobado la ampliación de la suspensión de los desahucios para este tipo de familias hasta el 31 de diciembre de 2022.

El tipo de hogares vulnerables que se protegerán con esto serán aquellos que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

La actual crisis económica ha provocado un aumento del coste general de vida que se ha traducido también en los precios de la vivienda. Por ello, desde la Plataforma Antidesahucios afirman que reciben de forma diaria unas diez llamadas de personas que tienen problemas a la hora de afrontar el pago del alquiler o la hipoteca. Tal es así que, la oferta de viviendas en las capitales de la Comunitat Valenciana es escasa, puesto que en València encontrar un piso económico es toda una odisea.

Según el portal inmobiliario Fotocasa, alquilar una vivienda de 100 metros cuadrados en territorio valenciano cuesta de media 971 euros al mes. Así, el precio del alquiler sube en las tres provincias analizadas en mayo respecto al año anterior. Los incrementos interanuales superan los dos dígitos en las tres provincias, empezando por Alicante, en concreto se alcanza los 18,6%, seguida de Valencia con el 13,5% y de Castellón con un 12,3%.

Así, la iniciativa del Gobierno trata de dar respuesta a la situación de los hogares en situación de vulnerabilidad en el contexto de la evolución de la pandemia, agravada por las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania, y que se suman a las medidas de carácter estructural que se están llevando a cabo en materia de vivienda, encaminadas a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna.

También extiende el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, podrán presentar la solicitud de compensación prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

 

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