El agosto pasado una señora fue discriminada en dos ocasiones por el hecho de hablar valenciano a la sucursal de Correos de Petrer (Vinalopó Mitjà). La jefa de la oficina de Correos reprochó en público a la ciudadana que hablara en valenciano y quiso obligarla a hablar castellano. La segunda vez que fue discriminada, la trabajadora incluso afirmó que "hablar valenciano es signo de mala educación". Después de pedir a otra compañera de la oficina que atendiera la clienta, de lejos continuó increpando la ciudadana para hablar valenciano, según ha denunciado la Plataforma per la Llengua.
La Plataforma per la Llengua ha pedido a la Oficina de Derechos Lingüísticos que se dirija a la dirección de la oficina de Correos de Petrer para garantizar la atención oral en valenciano/catalán. Igualmente la entidad ha pedido a la oficina de Correos de Petrer respetar los derechos lingüísticos y evitar cualquier forma de discriminación lingüística.
Correos es una empresa que funciona según el derecho público. Por ley, en el sector público hay que garantizar la atención oral y por escrito al ciudadano en una lengua oficial. Así lo dice el artículo 54.11 del Real decreto legislativo 5/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, que impone un deber a los trabajadores del sector público: «garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que este solicito, siempre que sea oficial en el territorio». Ningún trabajador público no puede exigir a los ciudadanos que no hablen en una lengua oficial, como es el caso del valenciano, ni puede privarlos de un servicio por esta razón.
La Ley 4/1983, de uso y enseñanza del valenciano, explicita los derechos que amparan la ciudadanía, y que fueron vulnerados a la sucursal de Correos de Petrer. En concreto, el artículo 3 afirma que las personas tienen derecho a expresarse en valenciano, sin ninguna forma de discriminación o exigencia de traducción. El uso normal del valenciano y la garantía de uso de la lengua propia forman parte de los valores colectivos que se tienen que promover desde una corporación de derecho público.
Correos adoptará medidas si es necesario
Por su parte, Correos ha emitido un comunicado para responder a esta denuncia de Plataforma per la Llengua: "Desde Correos estamos trabajando para aclarar los hechos sucedidos en la oficina de Petrer y queremos destacar la excepcionalidad de este suceso", aseguran.
En este sentido, Correos explica que "respeta los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y ciudadanas y garantiza el uso de las lenguas cooficiales en su red de oficinas, manteniendo el bilingüismo en toda la cartelería y papelería utilizada en las oficinas". "Además tanto en la bolsa de trabajo como en el último proceso de consolidación de empleo se ha tenido en cuenta entre los méritos de los aspirantes valorar el conocimiento de lengua oficial propia de cada Comunidad Autónoma", añade.
Así, desde la empresa destacan que no se han producido quejas relacionadas con la discriminación lingüística en su red de oficinas de la Comunitat Valenciana ni en la de Baleares, aunque aclaran que "si fuera pertinente se adoptarán las medidas disciplinarias necesarias, en caso de que se haya cometido alguna falta, para garantizar que no vuelvan a producirse situaciones similares".