“Una ley que aborde los problemas de hoy y prepara la Universidad para el futuro”. Así describe Joan Subirats, ministro de Universidades, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). De esta forma, el departamento de Subirats prevé remitir el anteproyecto de esta ley al Consejo de Ministros “en las próximas semanas” con el objetivo de que sea aprobado antes de que termine esta legislatura.
De acuerdo con las palabras del ministro, se trata de “una ley que quiere que las universidades estén más conectadas con la sociedad, que quiere internacionalizar el sistema", pero también se trata de una norma con un "enfoque firme de derechos" que, además, "revaloriza la función docente", "reduce la precariedad" del personal docente e investigador (PDI) y dota a las universidades de más financiación.
De este modo, esta nueva norma tiene seis pilares fundamentales. En primer lugar, busca reducir la precariedad laboral del profesorado universitario y también rejuvenecer las plantillas docentes. Por otro lado, ampliará la financiación a las entidades universitarias y creará las microcredenciales o microgrados para que el estudiantado pueda continuar su formación una vez haya acabado el grado. Y, por otro lado, prevé dotar de más derechos al alumnado y potenciar la contratación de mujeres en los campos educativos más masculinizados. Además, también modificará el acceso al cargo del rectorado.
Fin a la precariedad laboral en la universidad
Con cerca de 30.000 profesores asociados impartiendo clases en las aulas universitarias de nuestro país, la temporalidad entre este personal alcanza cifras récord. Una temporalidad que se traduce en condiciones de trabajo precarias caracterizadas por los bajos salarios que se perciben. Por este motivo, esta nueva ley ambiciona acabar con la precariedad laboral en la universidad.
En ese sentido, Subirats propone en la LOSU que el profesorado con un contrato laboral temporal no supere el 20 % de la plantilla de personal docente e investigador (el denominado PDI). Además, se modificará la figura del profesor asociado uno de los más golpeados por las inestables condiciones profesionales para que no superen las 120 horas de docencia. Del mismo, también se limitará el contrato de aquellos profesores o profesoras visitantes a dos años como máximo.
Otro de los objetivos que persigue esta nueva ley es rejuvenecer las plantillas docentes de las universidades y se buscará conseguirlo a través de unas carreras académicas más breves y estables. De esta manera, se podrá acceder a una plaza fija de profesorado en el sistema en el plazo de 10 años; siempre y cuando al acabar los cuatro años de la tesis y los seis de contrato postdoctoral, el docente acredite que puede ocupar dicho puesto.
Además, también se promoverá la contratación de mujeres en aquellos campos de la universidad que se encuentren más masculinizados. “Se podrán establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate", reza uno de los artículos de la nueva norma.
Siguiendo en materia de igualdad, todas las universidades deberán tener un plan de igualdad, protocolos de acoso sexual y acciones que eliminen la brecha salarial entre géneros. Para ello, se deberá asegurar la existencia de unidades de diversidad e igualdad en todos los campus y todos sus órganos deberán ser paritarios.
Más financiación y nuevos posgrados formativos
La LOSU también pretende aumentar la financiación que reciben del gobierno central las universidades. En concreto, se pretende llegar al 1 % del PIB en inversión universitaria porque en los últimos años el presupuesto destinado a estas entidades no ha hecho más que bajar un 20 % y, según confirma el ministro Subirats, “todavía no se ha recuperado el nivel de inversión que tenía en 2009”.
Por otro lado, también se ampliará la oferta de enseñanza para obtener títulos propios de cada universidad y promover la formación a lo largo de la vida. Así, este tipo de formación tiene por finalidad actualizar los conocimientos a lo largo de los años de aquellas personas que ya han finalizado el grado y se han incorporado al mercado laboral.
Para ello, se plantean tres modalidades de continuar esa formación: los microgrados, los programas de corta duración y las microcredenciales (títulos propios no oficiales de cada universidad de diferentes variaciones y que oscilarán entre los 4 y los 40 créditos).
Ampliación del derecho a huelga y de participación estudiantiles
Uno de los aspectos más destacados de la futura ley es el apartado que hace referencia a los derechos estudiantiles. De esta forma, se reconoce el derecho al paro académico del alumnado y hacer huelga no tendrá ningún perjuicio académico ni de asistencia en el alumnado. Aun así, Subirats explica que, a pesar que las universidades deberán garantizar el derecho al paro académico, este no se podrá convocar en periodos de exámenes o de evaluación.
Los y las estudiantes también tendrán derecho a conocer los detalles de cada asignatura antes de matricularse en ella. Por esta razón, tendrán que tener acceso a las guías docentes, conocer en qué idioma será impartida la materia, qué modalidad tendrá (presencial, híbrida u online) y cómo será la docencia y el sistema de evaluación.
Con respecto a los derechos de participación y representación, la LOSU dicta que las universidades "garantizarán" la participación del estudiantado en "la creación de los planes de estudios y las guías docentes; la evaluación de los títulos universitarios y de la docencia; la gestión de los servicios vinculados a la vida universitaria; la promoción activa de la innovación docente; la vinculación con la sociedad y el entorno local e internacional”.
Cambios en la elección del rector
El proceso para alcanzar el puesto principal en el rectorado vuelve a sufrir modificaciones en la LOSU, ya que se eliminan los requisitos que había establecido el anterior ministro de Universidades, Manuel Castells, y se da más autonomía en la elección a las universidades.
Ahora las personas que concurran al rectorado deberán ser funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios; mientras que el resto de requisitos en cuanto a los méritos de investigación, la actividad docente que haya completado y la experiencia de gestión universitaria en otro cargo, los fijará cada universidad.
También se modifica la duración del cargo y con la nueva norma los mandatos serán de seis años, no se podrán prorrogar ni tampoco renovarse, es decir, quien haya ocupado el rectorado deberá abandonar el cargo una vez hayan pasado los seis años.