En muchos pueblos pequeños del interior valenciano, la farmacia no es solo el lugar donde se recoge una caja de ibuprofeno. Es, a menudo, el único recurso sanitario a pie de calle. El médico pasa algunos días, el centro de salud está en el municipio de al lado, pero el farmacéutico está ahí, cada mañana. Ese es el papel que la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha decidido proteger este año con una medida concreta: la aplicación del índice corrector del margen de dispensación a 54 oficinas de farmacia ubicadas en zonas rurales de las tres provincias, una fórmula de compensación económica que puede marcar la diferencia entre mantener abiertas estas farmacias o ver cómo cierran sus puertas.
Un mecanismo para evitar que las farmacias rurales no sean rentables
El índice corrector es un instrumento previsto en la normativa estatal —concretamente en el Real Decreto 823/2008, modificado en 2022— que modula, en favor de las farmacias del medio rural con menor volumen de ventas, su margen de dispensación. En la práctica, funciona como una compensación: como estas farmacias venden menos recetas que las urbanas, el sistema les reconoce un margen adicional para que puedan seguir siendo viables. A nivel nacional, apenas 672 farmacias se han beneficiado de este mecanismo, y el 97% de ellas se ubican en el entorno rural.
La resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) concreta que las farmacias beneficiarias prestan servicio en municipios con una población igual o inferior a 1.500 habitantes. No es un requisito menor: en España hay más de 4.400 oficinas de farmacia en el entorno rural, que atienden a alrededor de 5,6 millones de personas, es decir, a algo menos del 10% de la población total española. Para esas personas, perder la farmacia del pueblo no es una incomodidad; es un problema de salud pública.
Castellón lidera el reparto, con casi la mitad de los beneficiarios
De las 54 farmacias incluidas en la resolución, 26 se encuentran en la provincia de Castellón, lo que representa el 48,1% del total. Le siguen 16 en Alicante y 12 en Valencia. La distribución no es casual: el interior de Castellón es uno de los territorios con mayor índice de despoblación de toda la Comunitat Valenciana, con localidades que apenas superan los pocos cientos de vecinos.
En Castellón, las farmacias beneficiarias se reparten entre municipios como Teresa, Torás, Cirat, Vistabella del Maestrat, Almedíjar, Culla, Fanzara, Puebla de Arenoso, Toga, Matet, Castellfort, Ares del Maestrat, Aín, Alcudia de Veo, Zucaina, Pina de Montalgrao, Ludiente, Benafigós, Espadilla, Castillo de Villamalefa, Pavías, Torralba del Pinar, Higueras, La Serratella y Xodos. En Alicante, los municipios incluidos son Confrides, Penàguila, Balones, Alcoleja, Gorga, Beniardà, Benasau, Alcosser, Fageca, Almudaina, Millena, Benifallim, Benillup, Benifato, Tollos y Benimassot. Y en Valencia, las farmacias beneficiadas se encuentran en Cotes, Cerdà, Terrateig, Beniatjar, La Yesa, Aielo de Rugat, Bufali, Benissuera, Segart, Vallés, Benagéber y Sempere.
286.701 euros para mantener encendida la luz de la farmacia
El coste total de la medida para el ejercicio 2025 asciende a 286.701 euros, distribuidos de forma proporcional al peso de cada provincia en el conjunto de beneficiarios: 168.813 euros para las 26 farmacias castellonenses, 74.928 euros para las 16 alicantinas y 42.960 euros para las 12 valencianas. Son cifras modestas en términos presupuestarios, pero de un impacto enorme para los vecinos que dependen de ellas.
Para acceder a la ayuda, las farmacias deben cumplir una serie de requisitos tanto económicos como asistenciales. Deben participar en programas de atención farmacéutica, garantizar la continuidad asistencial y acreditar el cumplimiento de los requisitos económicos y administrativos exigidos. Además, no pueden haber sido objeto de sanción administrativa ni inhabilitación profesional. El objetivo claro es procurar su rentabilidad económica y de ese modo favorecer su permanencia, lo que redunda en que la población tenga un acceso seguro y de calidad al medicamento.
Más allá de la farmacia: botiquines para los municipios más pequeños
La Conselleria de Sanidad no se limita a esta medida. En un escalón más extremo del problema —los municipios de menos de 250 habitantes donde ni siquiera es posible autorizar una farmacia por criterios poblacionales— la normativa permite la instalación de botiquines farmacéuticos. Una solución de mínimos, pero que en algunos casos puede ser literalmente la única opción disponible para quien necesita un medicamento urgente sin poder desplazarse a otro pueblo.
Hoy más que nunca, en un contexto de despoblación progresiva y envejecimiento demográfico en el medio rural, las farmacias rurales están llamadas a desempeñar un papel protagonista, tanto desde el punto de vista económico como sanitario. La decisión de la Conselleria de Sanidad de activar este mecanismo de compensación para 54 establecimientos no es solo una cuestión de cifras y decretos: es el reconocimiento de que, en algunos rincones del mapa valenciano, la farmacia del pueblo sigue siendo el primer —y a veces el único— eslabón de la cadena sanitaria.