El pasado viernes 14 de enero el Gobierno de coalición tuvo que afrontar un duro varapalo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó la aprobación del anteproyecto la Ley de Vivienda al ser el informe que lo avalaba “impreciso en sus previsiones en diversos extremos” y tener un “evidente sesgo ideológico”. Esta ley pretendía, entre otras cosas, la regulación de los precios de los alquileres, y conllevó meses su negociación. Si bien iba a ser aprobada mañana en el Consejo de Ministros como se tenía previsto, ahora habrá que esperar al 27 de enero, cuando se debatirá el nuevo texto.
El resultado final de la votación se saldó con quince votos en contra y seis a favor. Esa propuesta de informe corrió a cargo del exdiputado socialista Álvaro Cuesta, sin embargo, la enmienda a la totalidad redactada por el vocal Enrique Lucas tuvo un mayor apoyo. Asimismo, se acordó designar nuevos ponentes para la próxima reunión, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.
Un punto clave en el que se discrepó fue en lo relativo a la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque entienden que incorpora "un evidente sesgo ideológico" que será abordado en el informe que se presente a finales de enero. En cualquier caso, el CGPJ no dará su aval a ese anteproyecto del Gobierno de Pedro Sánchez, "sino todo lo contrario". Según el CGPJ, Lucas --vocal que fue propuesto por el PNV-- en sus alegaciones señala las dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia -el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3º.
El autor de la enmienda advierte que la propuesta de informe rechazada parte de una idea errónea, la de que el artículo 47 de la Constitución garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. Recuerda que el informe de Cuesta señalaba que "tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas".
El texto aprobado por el Pleno añade que el punto de partida del informe debe ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, "que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales".
El borrador de Cuesta
El borrador del informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda elaborado por Cuesta indicaba que era un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. No obstante entendía que se daba una "falta de concreción" en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.
En la nota que emitió el pasado 11 de enero el CGPJ se añadía, no obstante, que las consideraciones generales que hacía el informe sobre la norma eran "favorables". Y añadía que dado su carácter "básico", el texto del anteproyecto pretende garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tengan atribuidas las comunidades autónomas.
Según explican desde el CGPJ en el pleno de este viernes votaron a favor de las alegaciones de Lucas el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Se han opuesto a estas alegaciones los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
Indignación desde Unidas Podemos
Unidas Podemos ha cargado contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de rechazar el informe sobre la nueva Ley de Vivienda, que había elaborado el vocal progresista Álvaro Cuesta, y estudiar la nueva ponencia a finales de mes y que será crítica dado que, como han indicado fuentes del organismo, el anteproyecto tiene un evidente "sesgo ideológico".
En el espacio confederal critican que implica "retrasos injustificados" en una normativa clave en esta legislatura y algunos dirigentes, como el portavoz parlamentario Pablo Echenique, advierten de lo que implica "en términos democráticos". En IU, uno de los integrantes de su Ejecutiva, Carlos Sánchez Mato, ha recriminado al órgano de gobierno de los jueces de ejercer como "abogado defensor de los grandes propietarios.
Tras conocer esta decisión, fuentes del espacio confederal han manifestado su "preocupación" ante esta demora "injustificable" para avanzar en el trámite de una ley llamada a "dar respuesta a la emergencia habitacional que vive el país". De esta forma, han destacado que esta norma "por primera vez" permite la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos, "pone freno" a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables o "prohíbe" la venta de vivienda protegida.
"Es una de las leyes estrella de los morados y ha sido negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra", ahondan desde Unidas Podemos.