Las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana están de remodelación con el objetivo de convertirse en más sostenibles y serán energéticamente eficientes antes de 2027, según ha avanzado este jueves la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien ha anunciado una inversión de 8,6 millones de euros para mejorar esta eficiencia en 14 edificios judiciales.
Estos ocho millones figuran en la primera fase del Plan de Eficiencia Energética de los juzgados valencianos que ha presentado Bravo junto al vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática Rubén Martínez Dalmau.
La primera fase del plan se llevará a cabo en las sedes judiciales de Vinaròs, Castellón, Segorge, Massamagrell, Paterna, Picassent, la Ciudad de la Justicia de Valencia, Catarroja, Sueca, Dénia, Alcoi, Benidorm, Elda y Alicante.
Para que estos edificios sean más eficientes en su consumo energético y sostenibles desde el punto de vista medioambiental se renovarán los sistemas de climatización, se sustituirán las luminarias, se renovará la carpintería exterior para mejorar el aislamiento, se instalarán colectores fotovoltaicos para autoconsumo y se implementarán sistemas de monitorización y control de la energía.
Con estas medidas se conseguirán, entre otros beneficios, el ahorro conjunto de un 12 por ciento de la factura eléctrica, es decir, en torno al medio millón de euros al año. Por ejemplo, en la Ciudad de la Justicia de València --el mayor edificio judicial de la Comunitat-- se producirá un ahorro del 25 por ciento y se evitará la emisión de 398 toneladas de CO2 al año, el equivalente a haber plantado 786 árboles adultos o reducir las emisiones que producen más de 40 mil coches.
Bravo ha asegurado que a este Plan de Eficiencia Energética "hay que sumar lo previsto en el Plan de Infraestructuras Judiciales de forma que, en esta legislatura, vamos a actuar sobre el 45 por ciento del parque inmobiliario judicial de la Comunitat" que consta de 60 inmuebles donde trabajan más de 6.000 funcionarios y por donde pasan, cada año, más de un millón de personas".
En este sentido, la consellera ha recordado que todos los edificios de nueva planta incluidos en el Plan de Infraestructuras se diseñarán conforme a los criterios de la arquitectura bioclimática "y esto será de aplicación a las futuras sedes judiciales de Alicante, Gandía, Torrent, La Vila Joiosa, Mislata, Orihuela, Sueca, Alzira, Llíria y Xàtiva", ha dicho.
Además, allí donde se vaya a acometer la rehabilitación integral de la sede judicial, "se realizará bajo los mismos criterios de sostenibilidad y eficiencia energética como ocurrirá con la renovación del Palacio de Benalúa de Alicante, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y los juzgados de Ontinyent, Nules y Torrevieja".
MÁS FONDOS PARA EL RESTO
Para el 55 por ciento de las sedes judiciales restantes, la Generalitat solicitará más Fondos Feder y la permanencia en el Programa Jessica --ambos de la Unión Europa--. De este modo, cuando acabe esta legislatura estarán terminadas las actuaciones del Plan y en trámite la segunda fase de forma que antes de 2027, el cien por cien de las sedes judiciales valencianas serán energéticamente eficientes y ambientalmente sostenibles.Por su parte, Rubén Martínez Dalmau ha calificado la iniciativa de "valiente y necesaria", y ha subrayado, que "estos hechos son los que demuestran que la declaración de emergencia climática que aprobamos en el Consell el pasado septiembre no se está quedando en papel mojado. Son la constatación de una intención real de descarbonitzar nuestros edificios y alinear nuestras políticas con el que exige el cumplimiento de la Agenda 20-30 y la nueva corriente del Green New Deal europeo".
Martínez Dalmau también ha destacado que "Bravo ha abierto el camino y nosotros queremos extender todo este impulso en las ciudades. El sector de la edificación y la regeneración urbana tiene un incuestionable protagonismo. De cara a 2030, queremos reducir el consumo de energía un 35 por ciento y de agua un 20 por ciento. Así, tanto el parque de edificios privados como públicos andarán de la mano hacia la justicia social, ambiental y económica".
Según Bravo, la Conselleria de Justicia es el primer departamento de la Generalitat "en iniciar un proceso imparable de adecuar sus inmuebles a los criterios de eficiencia energética y sostenibilidad necesarios para la lucha contra la emergencia climática y también seremos la primera comunidad autónoma que apuesta por las energías renovables en sus edificios públicos".