Las autopistas y autovías valencianas serán de pago tras un acuerdo con la UE

El Govern d'Espanya ha presentat un pla a Brussel·les perquè totes les vies ràpides del país compten amb peatge

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España cuenta con una amplia red de autopistas y autovías capaces de conectar una punta del país con la otra. Algunas de ellas son de pago a través del peaje. Pero son una minoría, ya que la mayoría de estas vías son de libre circulación. No obstante, el modelo para el futuro pretende cambiar eso. Según un acuerdo al que ha llegado el Gobierno con la UE, el plan es convertir en el futuro todas las vías rápidas del país gratuitas en vías de peaje.

A escala nacional, hace unos años parecía el inicio del fin de los peajes. En diciembre de 2018, se produjo la primera liberalización de una autopista, fue el caso de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava). Mientras tanto, en la Comunitat Valenciana, desde el 1 de enero de 2020 el peaje existente en la AP-7 entre Tarragona y Valencia dejó de existir. 367 kilómetros pasaron a ser gratuitos y la autonomía valenciana dejó de percibir cuatro millones de euros en impuestos una vez desaparecieron las casetas de cobro de la autopista.

Poco más de un año de la liberalización de esta clase de autopistas y ya se habla de volver a restringir la circulación mediante peajes. Pero, ¿Por qué ocurre esto, y por qué ahora? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva tiempo presionando para que los gobiernos europeos implanten estos sistemas. En teoría, con el propósito de concienciar a los conductores del impacto medioambiental que tiene el uso del coche. Pero, en España los tiros van por otro lado.

La razón principal por la que se pretende llevar este plan a cabo es porque nuestro país acumula un déficit de inversión en las carreteras de 8.000 millones de euros. Con esta medida, el gobierno de España se compromete con Bruselas a buscar un modelo de financiación sostenible para estas infraestructuras. La falta de financiación actual supone un problema de cara al sostenimiento de este tipo de carreteras, pues se necesita mucho dinero para poder mantenerse en condiciones.

Otro de los motivos por los que España ha accedido a comprometerse con la Unión Europea es porque es una condición indispensable para poder acceder a los fondos europeos. Es decir, sin este plan de pago, nuestro país no podría recibir los 70.000 millones de euros procedentes de Bruselas. A causa de los gastos que está generando la pandemia, recibir esta cantidad de dinero resulta indispensable para dar algo de oxígeno a las arcas públicas.

De momento, tal y como señalan desde El Economista, en el Plan de Recuperación que el Gobierno remitirá a Bruselas sólo se señala que "se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal", por lo que no se especifica qué medidas finales se tomarán.

La intención del Gobierno es que todos los conductores de tránsito paguen por el uso de las vías de alta capacidad, independientemente de si son conductores nacionales o conductores extranjeros, una pequeña cantidad por cada kilómetro recorrido. Dentro de los planes del ejecutivo central está también el hecho de que transportistas y autobuses no tengan que pagar, así como aquellos conductores que necesiten hacer uso de estas vías para acudir a su trabajo.

Así y todo, para que se cristalice este plan habrá que esperar un par de años, como mínimo. Serán necesarias todavía varias comisiones y debates para que acabe siendo realidad. Eso sí, más tarde o temprano, España estará en la misma línea que otros países europeos en los que estas vías de pago ya predominan. Una cosa está clara, habrá que pagar por utilizar autopistas o autovías en un futuro no muy lejano.

Además, el Ministerio del Interior aprobó el pasado 16 de marzo el proyecto de ley para incorporar una serie de medidas que mejoran y actualizan el sistema del permiso y la licencia de conducción por puntos. El proyecto de ley modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en el sentido de agravar las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción

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