Recientemente Mónica Oltra, vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat se ha pronunciado sobre la pobreza en la Comunidad Valenciana. Esta pobreza tenía en 2015 -año de cambio de gobierno- una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, según UNICEF, de un 32,9%, con un 36,6% en el caso de la población infantil y desde el gobierno valenciano se ha intentado paliar esta cifra en cada legislatura. Concretamente, ha hecho hincapié en que la pobreza "es una clara vulneración de los derechos humanos, de los derechos civiles y de las libertades públicas", y para combatirla desde el Gobierno valenciano se trabaja de manera constante "para que el futuro de las niñas y niños esté libre de carencias y amenazas", dice la vicepresidenta. Una de las medidas que desde que se implantó en 2018 combate de forma más directa la falta de recursos en los núcleos familiares más desfavorecidos es la Renta Valenciana de Inclusión.
Esta prestación periódica, de naturaleza económica, está dirigida a garantizar el derecho a la inclusión a las unidades de convivencia en situación de exclusión social o de riesgo de exclusión social cuyo nivel de recursos económicos no alcance el importe de la renta de inclusión social, resultando insuficiente para atender los gastos asociados a las necesidades básicas de la vida diaria y en la que la persona titular o las personas beneficiarias suscriban voluntariamente el acuerdo de inclusión. En esta línea, desde ese 2015, la Comunitat Valenciana está evolucionando gracias a iniciativas como la Renta Valenciana de Inclusión, que empezó a aplicarse en abril de 2018 y que se ha convertido "en la mejor herramienta para atacar la pobreza por el efecto directo que tiene sobre las personas", ha señalado la portavoz.
No obstante, muchos valencianos y valencianas desconocen en qué consiste esta renta y quién la puede solicitar. La renta de garantía tiene carácter subsidiario de las prestaciones económicas vigentes y previstas en el resto de sistemas de protección social, tanto estatales como autonómicos, a las que pudieran tener derecho la o las personas destinatarias, constituyéndose como el último recurso de protección social al que poder acceder. En concreto, Oltra se refiere a la tercera modalidad de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), que va destinada a quienes cobran una pensión no contributiva, es decir para quienes reciben las prestaciones más bajas. Desde el gobierno se ha estimado que 12.000 personas puede beneficiarse de esta ayuda.
Una de las características más destacadas de la RVI es que es compatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta compatibilidad trata de evitar la colisión de las dos prestaciones intentando llegar al mayor número posible de personas. Cabe señalar que el IMV es una prestación económica y la RVI acompaña a las prestaciones económicas de prestaciones profesionales y de la elaboración de itinerarios de inclusión individualizados, para favorecer que la persona beneficiaria pueda romper con los elementos que provocan su exclusión social, y con el ciclo de pobreza material y social en el que se encuentro inmersa por factores ajenos a su voluntad.
¿Quién puede acceder a la renta? Esta prestación la pueden pedir quienes cobren una pensión no contributiva (PNC) por jubilación o invalidez. Salvo si es una prestación no contributiva por invalidez con complemento de tercera persona o compatibilizada con el trabajo; y quienes perciban una ayuda del Fondo Nacional de Asistencia Social (FAS), y siempre que no tenga derecho a otras prestaciones públicas. También quienes se beneficien de la renta activa de inserción (RAI) por ser víctima de violencia de género o de violencia intrafamiliar. A excepción de aquellos casos en los que se compatibiliza con el trabajo. El periodo de solicitudes estará abierto durante todo el año.