El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha lanzado un aviso claro al Ejecutivo central: si quiere renegociar el futuro del trasvase Tajo-Segura, que lo haga con los regantes en la mesa. La advertencia llegó este lunes durante la inauguración de las obras de modernización del Canal de Riegos de Levante Margen Izquierda, en la Vega Baja alicantina, y adquiere una dimensión política de primer orden en un momento en el que el Gobierno ya trabaja en un nuevo decreto para regular el trasvase.
El decreto que nadie esperaba tan pronto
El detonante es una sucesión de golpes judiciales que han dejado sin margen de maniobra al Ministerio para la Transición Ecológica. El delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha confirmó que el Ejecutivo se encuentra ya en fase de redacción del nuevo decreto que regulará el Tajo-Segura, después de que el Tribunal Supremo avalara los caudales ecológicos del plan de cuenca 2022-2027 y rechazara los últimos recursos presentados contra él. El Supremo consolida así su jurisprudencia —iniciada con las sentencias de 2019— y abre la puerta al cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua frente a los intereses del trasvase.
No es solo una sentencia: son varias. El Alto Tribunal dictó una resolución que obliga al Ministerio para la Transición Ecológica a aplicar de forma inmediata los caudales ecológicos previstos para 2027 en todo el tramo desde el embalse de Bolarque hasta el de Valdecañas, siendo la sexta sentencia que insta al cumplimiento de los caudales ecológicos. El resultado práctico es demoledor para el Levante: las nuevas reglas de explotación del trasvase prevén un recorte en casi la mitad de los envíos de agua al Levante con el horizonte puesto en 2027.
"Si el Gobierno quiere hablar del Tajo-Segura, tiene que hablar también con quienes dependen del trasvase. Tiene que escuchar a los regantes, a los usuarios y a los territorios que necesitan esa agua para producir alimentos, mantener empleo y garantizar el futuro de miles de familias" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
La preocupación no es retórica. Tras meses de parálisis bajo el pretexto de esperar el dictamen judicial, el Gobierno puede activar unas normas de envío de agua que la agricultura alicantina ya vaticina catastróficas; los regantes temen que se confirme el peor escenario: un calco de los borradores filtrados en 2025 que reducían de forma drástica los envíos automáticos mensuales.
Un canal centenario que llevaba décadas esperando
El escenario elegido para el mensaje político no fue casual. La inauguración de las obras del Canal de Riegos de Levante Margen Izquierda, tramo de primera a segunda elevación, es uno de esos proyectos que resumen mejor que ningún discurso la situación del campo valenciano. El canal finalizó su construcción en 1923, tiene más de 100 años de antigüedad y el tramo intervenido —de 10.827 metros de longitud— se encontraba muy deteriorado, con fugas y desprendimientos acumulados durante décadas de mantenimiento insuficiente. La actuación, con un presupuesto de 4,2 millones de euros, refuerza la estructura, mejora la impermeabilidad y garantiza el funcionamiento de una infraestructura clave para el riego.
La obra forma parte del Plan de Ayudas a la Vega Baja Fase II, un programa de mejora y consolidación de la red hidráulica para riego de la comarca con una inversión total de 13,5 millones de euros destinada a 12 actuaciones. La Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del río Segura, beneficiaria de estas obras, está integrada por ocho comunidades de regantes y abarca municipios como Albatera, Benferri, Callosa, Catral, Cox, Crevillent, Elche, Granja de Rocamora, Muchamiel, Orihuela, Redován y Santa Pola, dando servicio a unas 25.000 hectáreas de cítricos y hortalizas.
Inversión como argumento político
Barrachina aprovechó la inauguración para desplegar el argumentario presupuestario de la Generalitat. En 2026, la administración autonómica destina 35,6 millones de euros a actuaciones hídricas en la provincia de Alicante. Pero la cifra más llamativa es la del conjunto de la inversión hidráulica autonómica: el presupuesto pasa de 68 millones a 90,8 millones de euros, un incremento del 33%. A eso se suma la financiación al 100% de otra actuación de adaptación al riesgo de inundación en el Canal Principal Guardamar del Segura-San Fulgencio, con un importe de 469.809 euros.
"Este Consell cree en el trasvase, cree en la reutilización, cree en darle varias vidas al agua y cree en una política hídrica basada en la solidaridad y la justicia: llevar agua de donde hay a donde falta, con criterios técnicos y con sentido común" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
La estrategia de Barrachina es presentar la inversión en infraestructuras como la respuesta valenciana frente a quienes, en su visión, solo plantean recortes. Modernizar un canal centenario, argumenta, no es solo una cuestión técnica: es también ahorrar agua, reducir pérdidas y hacer más eficiente cada hectárea de cultivo. Una lógica que choca frontalmente con la que sostiene el Gobierno central, para quien la prioridad es garantizar los caudales ecológicos del Tajo como obligación legal y ambiental.
Dos visiones del agua que llevan décadas enfrentadas y que vuelven a cruzarse ahora en el momento más delicado desde la construcción del propio trasvase. El Tajo-Segura, inaugurado en 1979, es la mayor obra de ingeniería hidráulica de España y la que mayor conflicto interterritorial genera desde hace décadas. Para los 25.000 regantes de la Vega Baja y para los agricultores que dependen de esa agua, el debate sobre decretos y caudales ecológicos no es una abstracción jurídica: es, literalmente, si sus cosechas del próximo año tendrán agua suficiente.