Izquierda Confederal propone una ley del transporte urbano que garantice financiación y corrija desequilibrios

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Izquierda Confederal propone en el Senado una ley de financiación del transporte público urbano y metropolitano que actualice el derecho a la movilidad urbana en condiciones de calidad, eficiencia, sostenibilidad financiera y "riguroso" respeto a la protección física del medioambiente.

Esta propuesta también aborda los efectos del coronavirus sobre el transporte y trata de modular y reducir los "enormes desajustes" entre zonas metropolitanas. Fue consensuada por representantes de grandes ciudades, "alcaldías del cambio" y organizaciones representativas del sector, aunque se ha actualizado a la Covid-19 y a la reducción drástica del número de viajeros.

La propuesta parte de Compromís y está registrada por su senador, Carles Mulet, y la de Adelante Andalucía, Pilar González. Está avalada por los representantes de la Izquierda Confederal, de territorios con "características y problemas de movilidad propios" como Baleares, Cataluña, Madrid y Navarra.

Es la base normativa para dotar de recursos al transporte público y así adoptar iniciativas estratégicas como aumentar la oferta, una mayor integración multimodal, nuevas políticas tarifarias o impulsar el salto digital y tecnológico del servicio.

"Mientras a nivel internacional se toman medidas para mejorar la movilidad o la reducción de la contaminación, algunas autonomías como la valenciana se las desean para hacer políticas cuando sufren una evidente discriminación en las subvenciones estatales al transporte", denuncia el senador en un comunicado.

Por ejemplo, Madrid ha recibido en diez años 1.358 millones frente a 83 para el transporte metropolitano valenciano, "sin que exista un criterio consensuado y objetivo para un trato igualitario y justo".

En clave local, el concejal de Movilidad de València y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Giuseppe Grezzi (Compromís), defiende que las reformas se hacen "con el esfuerzo único del Ayuntamiento". Urge así un marco estable y justo en lugar de criterios "muy partidistas y sin rigor", con la meta de fomentar el transporte sostenible en una situación de emergencia climática.

La ley prevé dotar de recursos a los servicios metropolitanos de transporte que están "dejados en cuanto a inversiones, lo que condena a miles de ciudadanos a utilizar el coche para venir a València". "La gente quiere transporte de calidad y así utiliza menos los vehículos privados, como hemos visto en València con incrementos en el uso del transporte colectivo y la bicicleta, algo que no ocurre en otras ciudades", incide el edil.

En la misma línea, Mulet insiste en que el transporte colectivo debe ser la principal apuesta medioambiental y de movilidad, prometiendo no cesar en su voluntad por "dignificarlo y financiarlo como merece". También celebra haber recibido "tantas muestras de sintonía en distintas formaciones del Senado".

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