"Isabel Bonig está empeñada en hundir el transporte metropolitano de nuestras principales ciudades"

La coportaveu en Corts de Compromís, Mireia Mollà, qualifica a Isabel Bonig com "un sac trencat de diners públics" després de conèixer-se el nou 'pufo' deixat per la seua gestió com a exconsellera de Transports

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La diputada en Corts Mireia Mollà ha denunciado la gestión de Isabel Bonig como exresponsable de Transportes e Infraestructuras de la Generalitat Valenciana tras conocer la sentencia que obliga al actual Consell a abonar un desajuste económico de 5,5 millones durante su gestión del transporte metropolitano de Alicante. La sentencia se suma a la negligencia demostrada durante su época de consellera por no licitar tampoco el servicio interurbano de Elche, entre varias ciudades, y a la negativa de no apoyar las reivindicaciones valencianas para que el Gobierno aporte 38 millones de los presupuestos del Estado de 2018 para el transporte metropolitano de Valencia.

"Isabel Bonig está empeñada en hundir el transporte metropolitano de nuestras principales ciudades. Ni apoya en los PGE los transportes de la primera población valenciana, ni dejó saneada los de la segunda o licitó los de la tercera con los consecuentes problemas que esta actitud están acarreando", ha señalado la coportavoz de Compromís en el parlamento autonómico después de conocerse la sentencia que obliga a pagar a la Generalitat por un desajuste económico durante la gestión de la actual líder del PPCV.

"Bonig es un saco roto de dinero público", ha continuado Mollá, "estos 5,5 millones de euros se suman a los 14,7 en sobrecostes de la Avenida de Dénia; los 9'5 millones por una autovía no ejecutada en la Vega Baja y queda esperar entre otras causas al procedimiento judicial en curso de los "Gemelos" de Benidorm".

Mollá considera una mezcla de desidia y negligencia la gestión del Partido Popular en la Comunidad Valenciana durante años, la cual ha creado unas tensiones en el transporte de la segunda y tercera ciudades más pobladas de la provincia de Alicante y que hoy se intentan atajar "desde la responsabilidad y el consenso". La diputada ha recordado la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2016, que obligó a sacar a concurso las concesiones de autobuses cadudacadas, entre ellas la de Elche, y que fueron ignoradas durante la última legislatura en la que Bonig era la principal responsable de Transporte en el Gobierno Fabra.

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