"Es urgente, esencial para trabajar uno de los problemas de la sociedad; la adicción al juego. Es comparable a la de los 90 con la heroína", ha señalado el síndic de Compromís, Fran Ferri, junto a la diputada de la formación Graciela Ferrer que, con su formación académica y experiencia, ha sido la encargada de transmitir las enmiendas al proyecto de la nueva Ley del Juego. Enmiendas que proponen cuestiones como alejar los Salones de Juego a un kilómetro de centros educativos, sanitarios y deportivos -además de entre ellos-. Además, con carácter retroactivo.
Ferri recuerda que, con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, se aprobó una moratoria de seis meses de las actuales limitaciones de la Ley de Juego, que data de 1988. "Esperemos que de tiempo, más que de sobra, a que salga la ley. Es una de las más importantes de la legislatura por lo que trata y ataca". Después de que el proyecto de la norma quedara paralizado por el adelantamiento electoral, ahora las formaciones tienen que presentar, de nuevo, sus alegaciones.
A diferencia de otras iniciativas legislativas, los tres socios del Botànic presentan sus enmiendas por separado. Una cuestión que Ferrer cree "normal", como ya se ha dado en otras leyes de especial calado, como la de Estructuras Agrarias: "Se hace así por su importancia y se llegará a acuerdos sobre las enmiendas de los distintos partidos", ha añadido Ferri.
La primera enmienda señalada por Ferrer, relativa al nombre de la futura Ley, es señal del 'espíritu' que esperan albergue: de "Ley de Juego" a "Ley valenciana de regulación del juego y prevención y lucha contra el juego patológico". "La ludopatía es un problema social y sanitario, no solo para las personas que lo sufren, sino para todo el entorno. Implica la pérdida del trabajo e incluso la comisión de delitos", ha justificado la diputada.
"Espacios vulnerables"
Desde Compromís defienden que la Comisión del Juego, que ahora trata cuestiones principalmente fiscales y económicas, "se abra" para integrar cuestiones "sociales" y "sanitarias", con profesionales, expertos e incluso representantes de asociaciones de afectados. Algo previo a la creación de una Estrategia Valenciana Integral de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico: una línea de "ataque" contra la adicción coordinada por la Conselleria competente en coordinación con otras, que integra también los distintos agentes sociales de la comisión.
Es respecto a las distancias de los locales con otros elementos o ellos mismos lo que más polémica causó en las pasadas enmiendas y, de nuevo, ahora. Al igual que propuso Unides Podem, desde Compromís proponen que estos locales no puedan estar a menos de 1.000 metros de centros educativos, sanitarios y deportivos -el proyecto marca 700-. Como ha señalado Ferrer, estos locales suelen concentrarse alrededor de estos centros públicos, con la subsiguiente atracción de personas por la afluencia pero, en especial, de jóvenes e incluso menores de edad. En relación con ello, también proponen la prohibición de estos locales en "espacios vulnerables", tal y como se categorizan en el Artículo 25 de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos.
Para Compromís, la aplicación de esta nueva Ley, debe tener carácter retroactivo. La habitual 'moratoria' para que los locales se actualizan vendría dada por las autorizaciones vigentes; cuando se deban renovar, si su ubicación o características no concuerdan con la norma, no podrán operar.
Sin nuevas autorizaciones
La Comunitat Valenciana es, junto a otros como Madrid, uno de los territorios donde más salones de juego y casas de apuestas se acumulan, con un creciente número de casos de ludopatía. Ferrer señala que, con atención al elevado número actual, se debe establecer "una moratoria de cinco años" en los que no pueda abrirse ningún local nuevo de estas características. Un tiempo que se dedicaría a "hacer un estudio del impacto sociosanitario" y "establecer limitaciones al número de espacios de juego admisibles" en la Comunitat Valenciana.En definitiva, han señalado Ferrer y Ferri, las enmiendas tratan de incidir y reforzar la lucha contra la ludopatía, en especial entre los menores de edad y las personas excluidas por adicción, así como prevenir nuevos adictos.
La norma también afectaría a la Generalitat e, incluso, a medios de comunicación: Compromís propone que no pueda incluirse en ningún medio de comunicación público publicidad referente al juego, así como poner publicidad institucional en medios de comunicación que tengan este tipo de publicidad.