Aprobado el plan valenciano para la reconstrucción con la única oposición de Vox

PP i Ciudadanos, finalment, s’han adherit al pacte per a la reconstrucció social, econòmica i sanitària de la Comunitat Valenciana

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El pleno de Les Corts ha aprobado, esta mañana, el texto final para la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunitat Valenciana. Todos los grupos políticos, a excepción de Vox, se han unido para sacar adelante un plan que ayude al territorio valenciano a salir de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

Durante casi dos meses, la comisión parlamentaria ha estado trabajando en diferentes propuestas que, finalmente, se han recogido en un texto con 382 medidas que tratarán de reactivar la economía, reforzar los servicios públicos, cambiar el modelo productivo de la Comunitat Valenciana o reclamar un financiamiento justo que ayude a los valencianos y valencianas a salir reforzados sin que nadie se quede atrás.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparecido ante Les Corts para explicar tanto las vías de trabajo que abre este pacto valenciano para la reconstrucción, como los detalles del acuerdo cerrado en el Consejo Europeo sobre el reparto de fondos. Asimismo, también ha analizado la gestión que el Govern del Botànic ha realizado durante el proceso de desescalada.

Medidas del Pacto Valenciano de Reconstrucción

Entre las 382 medidas se incluyen propuestas como destinar más fondos a sanidad pública, revertir privatizaciones, aumentar las plantillas en base a criterios epidemiológicos y demográficos, un plan de provisión de material, un canal de distribución de test, reforzar los ambulatorios con más enfermeras o garantizar el acceso de mascarillas a la población vulnerable.

Otros de los objetivos son estimular el clúster sanitario, infraestructuras para gestión de residuos sanitarios, que todas las profesiones del ramo sean consideradas de riesgo, crear puestos y bolsas específicas en enfermería, un plan de provisión de material, un canal de distribución de test, contar con los sanitarios en la preparación de una futura oleada, que las farmacias puedan formar parte de la red de detección precoz de casos o garantizar el acceso de mascarillas a la población vulnerable.

Esto supone mantener los tres hospitales de campaña "hasta que haya vacuna o tratamiento", acometer adaptaciones para seguir con los circuitos diferenciados Covid y no Covid, reorganizar ambulatorios, nuevos protocolos de cirugía, seguir con las consultas telemáticas, invertir en sistemas informáticos y restricciones para visitas.

A nivel económico, se propone un plan de justicia fiscal para que paguen más las grandes fortunas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y el IRPF, nuevos tributos ‘verdes’ y beneficios para emprendedores, de la mano de un estudio contra el fraude y de un mínimo para evitar el ‘dumping’, además de un IVA cultural, más inversión en I+D+i y apoyo al comercio de proximidad y a la agricultura.

En turismo, protocolos "desde la prudencia", incentivos para recuperar la demanda, reformular las campañas y garantizar la protección de colectivos como las ‘kellys’.

En empleo y vivienda, hay medidas como una guía de adaptación al teletrabajo, avanzar hacia la reducción de jornada, extender las ayudas por ERTE, fomentar la inserción de los jóvenes y su acceso a un hogar digno, aumentar el parque público y evitar desahucios. Y en educación, asegurar la presencialidad, un plan de digitalización, bajar ratios y tasas universitarias y más inversión en FP, junto a un estudio para remodelar los protocolos de los becados en el extranjero.

Más allá, el plan apuesta por potenciar la mediación para descongestionar los juzgados, intensificar el transporte público para lograr el objetivo "emisiones cero" y publicar una base de datos anónima sobre la incidencia de la pandemia.

Además, hay un apartado dedicado a la financiación y a la relación con el Gobierno, con propuestas como mantener la conferencia de presidentes autonómicos o flexibilizar el gasto de los ayuntamientos, además de otras reiteradas por el Consell como el reconocimiento de la deuda histórica o la compensación de la infrafinanciación con mecanismos transitorios.

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