Una nueva amenaza se cierne sobre la autonomía financiera de los Ayuntamientos. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) queextiende la decisión que había adoptado sobre el impuesto de plusvalía para el territorio foral de Guipuzkoa a todo el Estadopodría suponer una importante pérdida de ingresos para los ayuntamientos. De acuerdo con este dictamen, los contribuyentes no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando hayan registrado pérdidas en la venta de un inmueble.
La sentencia no por ser esperada, es menos preocupante a falta de un análisis más profundo de la misma ya que podría suponer una pérdidacuantiosa de ingresos a las entidades locales. En el caso de València, el presupuesto municipal de 2017 contempla una previsión de ingresos por este concepto de 32,5 millones de euros, cifra superior a la de 2016 en 9,5 millones (41,3 por ciento).
En el Ayuntamiento de València estamos cuantificando lo que podría suponer en términos tributarios esta sentencia y vamos a apelar a laresponsabilidad del legislador ya que los Ayuntamientos hemos estado liquidando este impuesto con arreglo a lo legislado y con rigor jurídico-económico acorde con nuestro marco actual de financiación local.
No obstante, hay que tener en cuenta que al no haber solicitado revisión catastral en los últimos años el impacto en nuestro Ayuntamiento no será tan grave como hubiera sido si se hubiera producido la citada revisión.
La trascendencia de esta sentencia es de tal magnitud que en última Comisión de la de Hacienda y Financiación de la F.E.M.P. abordamosesta posibilidad y causó enorme preocupación entre entre sus miembros por la merma de ingresos que va a suponer la nueva formulación a la que se verá abocado el Impuesto de Plusvalía. Así, planteamos que independientemente del futuro, los Ayuntamientos deberán solicitar queel Estado abone la totalidad de las posibles devoluciones.
En cualquier caso, nos sumamos a la petición unánime de que se aborde con profundidad cuáles van a ser las consecuencias de futuro de estasentencia. En este sentido, desde los Ayuntamientos nos hemos de plantear si el actual impuesto queda invalidado con el objetivo de solicitar del Estado alternativas que puedan plantearse para evitar los déficits que se producirán por falta de ingresos derivadas de esteconcepto.