Durante estos últimos años, en la ciudad de Valencia, se han sucedido una serie de acontecimientos que han afectado e influido en todos las esferas de la vida de los ciudadanos.Circunstancias, que al margen de la propia evolución social de toda comunidad, han venido motivadas por cuestiones políticas y económicas.
En concreto, en el ámbito de la seguridad ciudadana y las emergencias, entendiendo como tal a los colectivos de policías locales y bomberos, nos preguntamos si esos procesos de cambio han afectado a dichos colectivos. La respuesta la encontramos en la sensación de inseguridad que en ocasiones padecen los ciudadanos y esa sensación de inseguridad es como consecuencia de la falta de efectivos en las calles.
Comprobamos que ha aumentado la insatisfacción ciudadana como consecuencia de la disminución de efectivos de policía local. Los ciudadanos reclaman la presencia policial en botellones, en el cierre de locales, en apartamentos ilegales, en invasión de aceras por terrazas, por escándalo y altercados en vía pública, por incivismo, en definitiva, reclamaban más presencia policial. Simplemente reclaman que se cumplan las normativas y para ello, el Ayuntamiento tiene una herramienta para hacerla cumplir y es a través de la vigilancia que deben llevar a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el caso del Ayuntamiento de Valencia, la Policía Local.
El Gobierno de la Nau, como gusta llamarse a sí mismo, es decir el tripartito o socios de Gobierno Municipal, han demostrado una dejadez absoluta en materia de seguridad ciudadana, han acelerado la impunidad de ciertos actos incívicos en vía pública de forma directamente proporcional a la reducción de plantilla de policías y bomberos, por lo que la sensación de inseguridad y desprotección ha aumentado entre los ciudadanos de Valencia.
Tenemos una plantilla de policía local envejecida y con una tasa de envejecimiento para los próximos años acelerándose. Cada año pasan a segunda actividad un total de 60 agentes y se producen unas 12 jubilaciones vegetativas, sin contar otras bajas. En total, se ha calculado que unos 200 agentes dejarán de realizar labores de seguridad ciudadana propiamente dichas durante esta legislatura y otros 50 se jubilarán.
Del mismo modo, no se tiene previsto la incorporación de nuevos agentes hasta el año 2018 o 2019, y su número nunca llegará a cubrir estas bajas. Este hecho va a suponer un problema real para el futuro, un problema que no puede esperar a ser resuelto en el momento que la situación sea insostenible porque los procesos de incorporación de estos profesionales no es el mismo que para el resto, ya que necesitan de una preparación, una formación y unas prácticas previas a su incorporación.
Desde Ciudadanos le pedimos al tripartito que ejerzan la función de gobernar, que tomen decisiones, que solucionen los problemas, que atiendan a los ciudadanos, que tomen medidas ahora para que no se tenga que lamentar luego. La responsabilidad directa es del máximo responsable de la delegación de seguridad ciudadana, esa responsabilidad no se puede obviar ni transferir a otras administraciones o a los propios ciudadanos.
Esa gestión, esa responsabilidad, esa atención a las demandas de los valencianos de falta de seguridad, hace que los ciudadanos no vean a las autoridades como una figura que hace cumplir las normas, provocando desapego, incertidumbre y una notoria sensación de impunidad que puede llegar a contagiar.
Desde Ciudadanos, consideramos que es necesario revertir esta situación y esa reversión pasa necesariamente por una mayor atención a la situación de los colectivos afectados, al necesario y urgente estudio de la situación laboral de estos colectivos, y a la necesidad de incorporar nuevos efectivos que vayan rejuveneciendouna plantilla envejecida, que aumente la presencia en las calles y por consiguiente la sensación de seguridad, y en definitiva, demostrar a los ciudadanos en general y al colectivos de seguridad en particular, que sus responsables políticos se preocupan por ellos.