Hace ya demasiados años que los ayuntamientos soportan, soportamos, las restricciones del ministro Montoro a la inversión de nuestros recursos en los servicios que prestamos a nuestros vecinos y vecinas. Su estricta e incomprensible Ley de Estabilidad Presupuestaria, en lo que se refiere a las entidades locales, con medidas como el establecimiento de un techo de gasto y la limitación de reinvertir el superávit generado, coartan la operatividad en la gestión municipal y, lo que es peor, provocan que, aún siendo la única administración que cumplimos con los objetivos de estabilidad, los ayuntamientos no podamos prestar el nivel de servicios que nuestra capacidad económica nos permitiría, siendo los grandes perjudicados los ciudadanos y ciudadanas.
No podemos olvidar que los ayuntamientos son la administración más cercana, aquella a la que la gente recurre diariamente buscando soluciones a cuestiones que, aunque no sean estrictamente competencia local, acaban teniendo que ser resueltas desde la gestión municipal. Y es que la ciudadanía no sólo exige, y merece, vivir en pueblos y ciudades limpias y cuidadas, que cuenten con infraestructuras educativas, sanitarias, culturales y deportivas debidamente acondicionadas, y que ofrezcan servicios eficientes para disfrutar de una buena calidad de vida.
La ciudadanía exige también, y merece también, servicios asistenciales que les ofrezcan la ayuda necesaria para superar momentos de crisis. Oportunidades de empleo que les permitan disfrutar de una vida digna. Por no hablar de la necesidad como comunidad, de contar con una opción de futuro como pueblo y como ciudad que garantice su continuidad en el tiempo. Cuestiones todas ellas a las que, pese a no estar en la esfera de las competencias estrictamente locales, se está dando respuesta desde los ayuntamientos.
Por ello, después de tantos años con la soga al cuello y, a pesar de todo, cumpliendo con nuestras obligaciones y demostrando la eficiencia de la administración local, ya es hora de que se reconozca a los ayuntamientos su mayoría de edad y se les permita, se nos permita, invertir los ahorros generados en nuestros municipios. Para dar respuesta a lo que los vecinos y vecinas reclaman y que como administración más cercana y solvente, estamos en disposición de solucionar.
Es hora de que el Gobierno Central reconozca y se crea la autonomía local y que apueste por el Municipalismo. Algo que sí ha hecho ya la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana, que, conscientes de esta labor de cercanía que realiza la administración local y de que es quien de verdad conoce las necesidades y las características propias de cada municipio, han apostado por transferir recursos a los ayuntamientos dotándoles de la libertad de decidir cómo invertirlos.
De forma unánime, los municipios exigimos una autonomía local que no será nunca plena, si se sigue contando con la tutela de un Estado que alejado de la realidad, sigue decidiendo en contra de los intereses de aquellos a quienes gobierna. De forma unánime, los municipios exigimos que rectifique, señor Montoro.