Hace justo un año, la empresa pública provincial Imelsa pasó a denominarse Divalterra y sus cogerentes en aquel momento, Víctor Sahuquillo y Agustina Brines, hablaban de recomponer la reputación de la empresa y apostar por recuperar el objeto social.
Sólo ha hecho falta un año para que comprobemos con incredulidad y desazón en qué consiste eso que pregonaban públicamente cuando afirmaban que con Divalterra nacía una nueva forma de hacer las cosas, en la línea de la nueva Diputación que preside Jorge Rodríguez.
Tan sólo seis meses desde aquellas afirmaciones vimos cómo una auditoría externa y otra auditoría interna ponían de relevancia las múltiples irregularidades cometidas en 2016 por la gerencia de la firma. El informe señalaba a Víctor Sahuquillo y desvelaba el irrelevante papel de Agustina Brines.
Unas irregularidades salpicadas con conductas impropias y uso fraudulento de dinero público que pese a los intentos de aguantar a toda costa, desembocaron en la supuesta dimisión de Sahuquillo.
Subrayo lo de supuesta, porque meses más tarde descubrimos cómo disfrazaron de dimisión un cese para pagarle más finiquito como premio a su “gran servicio”.
Tras este primer cataclismo, la respuesta de Rodríguez fue huir hacia adelante y anunciar la “voladura controlada de Divalterra”, sembrando de incertidumbre a las 700 familias de los empleados de la empresa provincial.
Aquellos que venían a dignificar la institución provincial y la empresa pública Imelsa, habían tardado menos de un año en tirar a la basura los más 100.000 euros de todos los valencianos invertidos en cambiar el nombre de Imelsa por Divalterra.
A día de hoy, seguimos sin saber en qué consiste esa voladura controlada, porque la desconfianza que muestra Rodríguez hacia sus socios de Compromís, representados por su gerente Brines, y su falta de acuerdo para nombrar una cogerencia o un nuevo modelo impide la toma diaria de decisiones.
Divalterra vive hoy una situación de colapso que se refleja en situaciones sonrojantes como la recientemente vivida en la que un juez ha ejecutado el embargo de cuentas bancarias de Divalterra para hacer frente a una indemnización por despido por valor de 18.496,95 euros, más otros 2.770 eurosprovisionados para intereses y costas.
Un nuevo hecho bochornoso provocado por ladesidia y el caos que reina en la gestión de Divalterra desde la llegada de Jorge Rodríguez a la presidencia de la Diputación.
Un año más tarde, aquellas promesas de transparencia, de ofrecer unos servicios pioneros, eficientes e innovadores se han quedado en la sala de prensa, en los titulares. Suenan hoy a promesas vacías e incumplidas ante la realidad que hemos vivido.
Desde el Grupo Popular reclamamos al presidente de la Diputación que tras su rotundo fracaso del modelo de gestión de Divalterra, tome decisiones y levante del letargo el funcionamiento de una empresa pública sin rumbo ni capitán que pilote la nave.
Un año después del nacimiento de la nueva denominación de la empresa provincial todos nos preguntamos, ¿Quo Vadis Divalterra?