Ha pasado ya más de año y medio desde que la Diputación de Valencia está gobernada por una coalición de las autodenominadas fuerzas del cambio.
Un cambio que se apresuraron a etiquetar bajo la marca “Nueva Diputación” y que en un tiempo récord empieza a estar caduco. Si algo hemos aprendido en estos primeros 18 meses de gestión es que cualquier parecido entre lo que dicen y lo que hacen realmente después es pura coincidencia.
Tras los titulares grandilocuentes y las sonrisas forzadas, el acuerdo de intereses formado por socialistas, Compromís, Esquerra Unida y Valencia en Comú se deteriora aceleradamente. En este breve espacio de tiempo, el acuerdo ha derivado a una pugna bipartidista entre PSPV y Compromís, con el agravante del ninguneo constante a sus otros dos socios minoritarios.
La consecuencia inmediata de esta situación es, sin duda, la parálisis de una gestión provincial lastrada por la incapacidad de un gobierno enfrentado y en plena competición entre ellos. Los diputados socialistas y de Compromís compiten entre sí por ver quién queda mejor con su jefes, dejando de lado las prioridades de los municipios y a sus otros dos socios de gobierno.
Desde el Partido Popular consideramos que cuando se representa a los ciudadanos de 265 municipios de la provincia de Valencia, no hay que pensar en las cuotas de poder, hay que pensar en todo aquello que beneficia el bienestar y la tranquilidad de nuestros ciudadanos.
Sin embargo nos encontramos con un presupuesto provincial para 2017 que lamentablemente sacrifica partidas primordiales para los ayuntamientos con el único fin de sostener el Pacto del Botánico.
Parece que para los actuales regentes de la institución provincial, sus más de 200 años de historia, no son suficientes para considerar que la Diputación es mayor de edad. Sinceramente, no necesitamos que Mónica Oltra y Ximo Puig nos tutelen y nos marquen dónde destinar y en qué forma 36 millones de euros.
Otro rasgo destacable de la Diputación de Valencia comandada por el socialista Jorge Rodríguez, es el sectarismo de los nuevos gestores. Recientemente se publicó la adjudicación a dedo, por parte del presidente, de convenios por un valor superior al millón de euros para grandes municipios gobernados por socialistas y Compromís.
La Nueva Diputación trae consigo nuevas prioridades. Por una parte están negando convenios singulares a municipios pequeños con necesidades básicas mientras reparten a dedo convenios cuantiosos a sus alcaldes de grandes municipios. Sus nuevas prioridades priman los intereses partidistas a las necesidades de los municipios pequeños.
Unas nuevas prioridades que permiten que la ciudad de Valencia, con un presupuesto de casi dobla a la Diputación, reclame medio millón de euros para la rehabilitación de un chalet de la ciudad de Valencia donde se celebró la última reunión del Gobierno de la Segunda República.
Como ya he señalado antes, lo que proclaman públicamente dista mucho de lo que realmente hacen. Frente a la objetividad y la equidad, discrecionalidad partidista. Frente al respaldo a las necesidades de los municipios pequeños más indefensos, prebendas para los grandes municipios gobernados por sus alcaldes. En fin, nuevas prioridades.
Mari Carmen Contelles Llopis
Portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Valencia.