Opinión

Juzguen ustedes

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Multiplicar por cuatro el presupuesto de la Diputación de Valencia destinado a los Servicios Sociales en sólo dos años es la mejor carta de presentación del equipo de gobierno de la corporación provincial a la hora de evaluar su compromiso con la sociedad.

3,9 millones de euros fue la cantidad destinada a los Servicios Sociales de los Ayuntamientos en los presupuestos que heredamos del PP en diciembre del 2015. Al año siguiente, aumentamos un 20%. Y al siguiente, un 98%. La partida que dedicaremos en 2018 es 12,8 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la Diputación. Una inversión en materia de justicia social por parte de una administración donde las prioridades de sus gestores habían sido muy distintas y, por decirlo de manera cortés, bastante alejadas del bien común.

Sin embargo, nosotros no hemos venido aquí para batir récords, o al menos, no sólo para eso. El proceso de construcción del nuevo modelo de servicios sociales, impulsado por la Generalitat de manera coordinada con la Diputación de Valencia y con la participación de Ayuntamientos y Mancomunidades, está a pleno rendimiento y ya arroja resultados positivos.

En sólo dos años, hemos reducido vigorosamente la burocracia, unificando en una única convocatoria anual todas las ayudas que estaban diseminadas y que convertían a los profesionales de los Servicios Sociales en personal administrativo para la gestión de prestaciones, con un marcado carácter asistencial. Durante este tiempo, hemos contribuido a cuadriplicar los equipos de base de Servicios Sociales de las Entidades Locales, convirtiéndolos en multidisciplinares, con la presencia de trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y, este año por primera vez, con profesionales jurídicos, para realizar las tareas de asistencia, prevención e intervención comunitaria que necesitan las personas y las familias de nuestros municipios y comarcas. Y a todo ello, hay que sumarle que hemos reducido de forma vertiginosa los ratios de atención a la ciudadanía, situándonos en los niveles de otros territorios.

Porque aquí radica el quid de la cuestión. Partíamos de unos niveles de inversión social de los más bajos del Estado. Estábamos a la cola de todos y de todo. Y el esfuerzo de este gobierno –de izquierdas, claro– se ha dirigido principalmente a revertir esta tendencia, a dignificar lo público, tan menospreciado por los populares, porque es la única garantía para redistribuir riqueza y reducir la brecha social que, desde la crisis, no ha hecho más que engrandecerse.

Estoy convencida que 2018 será un año clave para la justicia social en el territorio valenciano. Se desarrollará e implementará la nueva Ley de Renda Valenciana de Inclusión, aprobada recientemente por Les Corts, y se debatirá en el parlamento autonómico la Ley Valenciana de Servicios Sociales Inclusivos, en cuyo borrador estamos trabajando activamente desde la Delegación de Inclusión Social de la Diputación de Valencia, y que definitivamente pondrá al País Valenciano en el lugar que le corresponde en el mapa de los sistemas de bienestar social del Estado.

Yo no miento nunca. Juzguen ustedes mismos en 2019.

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