La realidad de las niñas, niños y adolescentes en esta Comunitat Valenciana es muy dura. Lo saben ellas y ellos en primera instancia y los profesionales que trabajan en los distintos recursos de menores; lo saben las familias de acogida, tanto las extensas que son aquellas con las que mantienen un vínculo de sangre, como las educadoras y las familias adoptantes. Buenos conocedores de su situación son también los jueces y fiscales de menores que luchan contra la violencia y abusos que los amenaza cada día, que se preguntan cómo evitar las muertes de quienes víctimas de la violencia machista hoy no están entre nosotros, porque como sociedad y administraciones, seguimos llegando tarde.
El día a día es duro, lo ves en cada visita a un centro de menores, sigue siéndolo hoy. Lo es como consecuencia de políticas indeseables que durante demasiados años se han realizado bajo dictado del Partido Popular. La infancia y la adolescencia no estuvieron entre sus prioridades; estarlo hubiera significado dotar a esas familias, a esos profesionales, y a esos centros públicos de recursos imprescindibles. Un Partido Popular que además no hizo en todos esos años, muchos, nada por combatir la privatización de los recursos destinados a menores, como éste de los puntos de encuentro familiar, de la que también hablamos hoy. Antes al contrario, bajo el gobierno del Sr. Aznar se aprobó la Ley del menor del 2000 que favoreció la privatización de los recursos de menores, de los centros de internamiento; una privatización que ha llegado también a los puntos de encuentro familiar. En la Comunitat valenciana sólo hay un punto de encuentro de gestión pública, el resto están privatizados y monopolizados por EULEN. Una entidad adjudicataria que incumple los pliegos de condiciones y a la que los trabajadores han demandado ante los Tribunales y a quienes el Tribunal Supremo ha amparado. Frente a ella cabe que se actúe con determinación por la Consellería. No se puede gestionar mal un servicio público destinado a los más vulnerables, porque entonces los desprotegemos
Queda mucho por hacer, se ponen las primeras piedras, se dan pasos. Pero la Administración es lenta y burocrática, para unas niñas y niños, para unos adolescentes que llevan años pidiendo un entorno estable, afectivo, libre de abusos, violencia y miedos. Demandan un entorno familiar, antes que residencial. Necesitan de todo y para ya. Ha llegado la hora de priorizarles en política, en los presupuestos, como nunca antes se hizo, porque mañana es tarde. Los derechos de la infancia ya no son aplazables. Su cumplimiento será el termómetro de unas políticas que supongan un cambio de modelo para quienes más lo necesitan, para quienes ya lo han perdido todo y nos esperan para tener un futuro.