Que la mayoría de quienes estamos en política hemos venido a tratar de mejorar la vida a las personas, parece una obviedad. Cómo también es una obviedad que hay quien no ha venido a pensar en los otros, sino en él mismo y a mayor gloria de sus propios intereses. Después están los otros políticos, quienes en sus intentos de absurda originalidad, en lugar de hacerle la vida más fácil al vecino, hacen lo contrario. Lo envuelven con reformas legislativas y la gente acaba por no saber qué está pasando. Y para muestra, un botón.
Esta semana, en les Corts, hemos sufrido un claro ejemplo de ineficiencia política que me ha hecho reflexionar sobre hasta qué punto puede llegar la mala gestión de un gobierno. De uno de esos "pequeños detalles", que pueden parecer un granito de arena en la montaña de asuntos de gobierno, pero que en el fondo, entorpece el funcionamiento legislativo y político y hace que el sistema sea lento...e irritante.
El caso es que hemos tenido que aprobar una iniciativa parlamentaria instando al Gobierno de España a modificar el artículo 56 de la ley 15/2015, que obliga a las personas con discapacidades sensoriales a pedir un dictamen médico para poderse casar. Demencial. Una barbaridad más de este gobierno que en lugar de luchar por eliminar las desigualdades entre las personas se dedica a crearlas. Cómo si no hubiera nada mejor que hacer. Parece que después del alud de críticas, el Gobierno del Estado ya se encuentra tramitando la rectificación. Pero no es mi intención entrar a valorar este despropósito, puesto que se valora por él mismo. Sino poner de manifiesto el que se hace desde algunos espacios de la política.
Como diputada, pienso que mi trabajo, como ya he dicho, tiene que ser garantizar los derechos y el bienestar de la ciudadanía. Considero que, desde los parlamentos tenemos que legislar para solucionar los problemas de la sociedad, de esa manera, cuando detecto que algo no funciona como tiene que ser, busco una solución y trato de sacarla adelante. Por eso, no entiendo cuál fue el interés de quién decidió que esta ley tenía que modificarse para exigir a las personas con deficiencias sensoriales un certificado médico. ¿Qué sentido tenía este cambio legislativo?
En lugar de poner soluciones a los problemas de la gente se modifica una ley que no necesitaba ser modificada. Como consecuencia generan una alarma del todo innecesaria. Y en cuanto a nuestro trabajo y a la de los legisladores de Madrid, iniciar, de nuevo, todo un procedimiento legislativo para volver a dejar el artículo 56 igual que estaba. Cuánto de tiempo (y dinero) se ha invertido? Cuánto le ha costado esta muestra de ineficiencia política a la ciudadanía?
Los responsables de muchos despropósitos como este tendrían que reflexionar sobre qué es lo que se espera de nosotros. Que tampoco es tan difícil de entender: propiciar un presente y un futuro mejores.