El TSJCV ha anulado parcialmente el decreto de plurilingüismo aprobado por el Consell de Puig y Oltra por discriminar el castellano frente al valenciano en las aulas. Reconoce el derecho de los padres a una enseñanza pública donde se pueda elegir libremente la lengua oficial que se desee. Además, considera que el contenido del decreto derogado, que se mantiene en la ley vigente aprobada en febrero, vulnera las normas estatales y la Constitución. Ante esta sentencia, el conseller Marzà debería cesar inmediatamente por intentar imponer su modelo separatista de forma ilegal. Marzà tiene que irse ya porque la Justicia ha ratificado lo que desde el PP venimos denunciando hace tiempo: que utiliza el chantaje para imponer el valenciano y la ideología separatista de Compromís en las aulas, primándolo sobre la formación académica del alumnado valenciano. No se puede atropellar la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Pero el responsable de esta situación de incertidumbre que se ha creado en los colegios valencianos es el presidente Puig. Debería asumir sus responsabilidades políticas tras este nuevo varapalo del TSJ, cesar ya a Marzà y retirar la nueva ley antes de que sea demasiado tarde y evitar así que vuelva a imponer a nuestros niños y niñas una norma ilegal. Reiteradamente hemos pedido explicaciones a Marzà para que expliqueporqué está intentando imponer su modelo catalanista a toda la sociedad, aunque la Justicia se lo tumbe. Puig y Oltra intentaron a través de la abogacía de la Generalitat paralizar esta sentencia del TSJCV a sus decretos para que no se conociera la verdad y no se visibilizara el sectarismo y el intento de manipulación social de este Consell. La transparencia que se predica hay que aplicarla no solo a cuestiones económicas sino también a las decisiones ideológicas que vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía. Puig y Oltra están intentando arrebatar a la ciudadanía su libertad. En estos momentos los niños de infantil están estudiando con un decreto-ley que mantiene vivo el espíritu del decreto del chantaje lingüístico, al igual que lo hace la ley lingüística aprobada en la Comunitat Valenciana. Marzà es un peligro para el alumnado y la sociedad valenciana. Hay un fracaso evidente de su falta de gestión. Lo único que ha hecho desde el Consell del Botànic es trazar una hoja de ruta a nivel social y educativo creando una oficina de derechos lingüísticos, un decreto de usos administrativos o tres normas lingüísticas que vulneran derechos fundamentales en su afán de ideologización catalanista. Beatriz Gascó EnríquezPortavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts
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