14 céntimos. Esto es lo que se llevaría un agricultor en el caso -ficticio- de que una única naranja costara 1€; el supermercado donde se compra se llevaría 56, y el intermediario 30 céntimos. El esfuerzo físico, temporal y monetario que concluye con la fruta es el peor pagado; muchas veces no es, siquiera, suficiente para pagar el coste de la producción.
Según denunció La Unió de Llauradors i Ramaders, a raíz de un estudio con datos del Observatorio de la Cadena Alimentaria, la media general que llega al conjunto del mundo agrario y ramadero es del 30%. Sin embargo, esta cifra desciende al 16% en el caso de las naranjas y mandarinas, y al 12% con las clementinas. “Es la distribución y la industria quienes se reparten la mayoría de lo que paga el consumidor cuando, en muchas ocasiones, su trabajo de transformación es prácticamente nulo”, detallan en un comunicado.
Según recalca Carles Peris, Secretario General de La Unión, hay una Ley de la Cadena Alimentaria, a nivel estatal, que debería imposibilitar estas situaciones, pero “es totalmente insuficiente”: “Vemos que, aunque hace años que está aprobada, no corrige los desequilibrios que hay por parte de los grandes supermercados, que se quedan el 56% del beneficio”, asevera.
La asociación de agricultores señala el ‘peligro’ que hay detrás de estas cifras: muchas veces suponen no cubrir, siquiera, los costes de producción. Esto hace “que muchos agricultores abandonen la actividad campaña tras campaña” o que la fruta no llegue a venderse. Fue una de las imágenes el pasado enero, en la anterior campaña de naranjas; cientos de campos sin recolectar porque era más caro hacerlo que el dinero después obtenido al vender la fruta.
Modelo contradictorio
Para Peris, es “evidente” que los supermercados ejercen una “gran presión sobre los productores”: “Al final son ellos los que marcan el precio, y el distribuidor va ‘solapado’. A los productores, que son los que generan la cadena de valor, les dan, por así decirlo, lo que sobra”. Cree que es fundamental incidir y modificar la Ley de la Cadena Alimentaria, para que, a modelo de la nueva ley que se está tramitando en Francia, “se marque un precio mínimo de salida”, que se correspondería, mínimo, con el coste de producción.Esto modelo de la “cadena de valor” en la agricultura valenciana es contradictoria, por otro lado, con las campañas de los gobiernos autonómicos y municipales, como el de València, que proponen e incentivan el consumo de temporada y de proximidad en los Mercados Municipales. “Cada vez los grupos de agroalimentación tienen más poder, cuota de mercado y producción. La agricultura tradicional, campos más pequeños, pasa a manos de inversores y grandes multinacionales. Por desgracia es la realidad”, asevera Peris.