El Gobierno del Botànic cumplió la pasada semana semana seis años llegando al ecuador de una segunda legislatura marcada por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. El tripartito conformado por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem ha tenido que reorientar los retos establecidos en el acuerdo de gobierno firmado en el 2019 debido a la crisis sanitaria, que ha obligado a marcar nuevas prioridades.
Con todo ello, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, defiende la "elemento de cohesión importante" del Gobierno del Botànic frente a las "adversidades" que ha planteado esta legislatura, y espera agotar lo que queda sin "sobresaltos políticos".
Precisamente la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Oltra ha sido una de las áreas que más han luchado para hacer frente a los efectos de la pandemia, centrando los esfuerzos en las residencias y en medidas para paliar las desigualdades que ha creado la crisis económica derivada por la llegada del coronavirus.
"SE HA SUFRIDO MUCHO"
En este sentido, según destaca Mónica Oltra, en estos últimos meses se ha "sufrido mucho" por las personas mayores y por las que están en residencias. No obstante, destaca las ayudas dadas a los ayuntamientos para la emergencia y la coordinación con el tercer sector, entre otros.Haciendo un balance de la gestión de su área llegados al ecuador de la legislatura, Oltra insiste en la "vacuna social" para "sostener por un lado la emergencia sanitaria en nuestros centros, y sostener a las personas que estaban en la red", remarcando, a su vez, la "agilización" de la prestación de la Renta Valenciana de Inclusión y su compatibilidad con el Ingreso Mínimo Vital.
Además, se ha seguido desarrollando la ley de servicios sociales inclusivos y construyendo el sistema público de servicios sociales, donde destaca el desarrollo del contrato programa para las entidades locales, que entre en vigor este 2021 y la presentación del mapa de servicios sociales y el de necesidades en atención secundaria y primaria específica.
LEYES PIONERAS EN ESPAÑA Y EUROPA
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha impulsado, en estos seis años de Botànic, leyes innovadoras y pioneras en el conjunto del Estado español e, incluso, en Europa. La Ley de la Infancia y la Adolescencia y la Ley LGTBI son dos ejemplos de ello.A finales de noviembre del 2018 el Pleno de Les Corts aprobó la Ley de la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat Valenciana, que entre otros aspectos, da a los niños, niñas y adolescentes la consideración de "ciudadanos y sujetos activos de derecho" y la prioridad presupuestaria para hacer efectivos sus derechos.
Esta ley tiene como uno de sus puntos fundamentales la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, nacionalidad, etnia, religión, lengua, cultura, opinión, diversidad funcional o por otras condiciones o situaciones personales, familiares, económicas y sociales de los mismos niños y adolescentes y de sus familias.
Por otro lado, en agosto de 2020 se aprobaba, por parte del Consell, el decreto para el desarrollo de los preceptos contenidos en la Ley de Igualdad de las personas LGTBI, impulsada en diciembre de 2018, estableciendo los mecanismos, medidas y procedimientos destinados a garantizar los derechos que la Ley reconoce para todas las personas LGTBI que se encuentren en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
Una ley para la Igualdad de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) que garantiza la igualdad real y efectiva de todas las personas con independencia de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar.
DIGNIFICAR LA RED PÚBLICA DE SERVICIOS SOCIALES
El trabajo realizado estos últimos años desde Igualdad y Políticas Inclusivas ha permitido impulsar un proyecto que dignificará la red pública de servicios sociales con nuevos modelos residenciales, más humanizados y centrados en las personas, y con una apuesta clara por acercar los recursos a la ciudadanía.En este sentido, hace escasamente dos semanas se presentaba el Pla Convivint, el primer plan de infraestructuras de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana 2021-2025. Un plan que contará con una inversión de 561 millones de euros con los que la Comunitat Valenciana garantizará un sistema público de calidad.
La inversión prevista se destinará a la reforma o puesta en marcha de 247 instalaciones, que permitirán la creación de 6.600 nuevas plazas públicas en residencias y centros de día para los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, con diversidad funcional o usuarias de prestaciones relacionadas con la salud mental que, además, supondrá la creación de 3.500 nuevos puestos de trabajo directos.
Esta apuesta permitirá garantizar una equidad territorial (disminuyendo el tiempo de desplazamiento), la eficiencia temporal y económica, y la lucha contra la despoblación con el diseño de recursos de proximidad para los que se optará por las extensiones de los centros diurnos.