La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha abierto el plazo de licitación por procedimiento abierto para la contratación de 3.300 plazas en centros residenciales de personas mayores en la Comunitat Valenciana. El plazo para presentar las ofertas finaliza el 4 de enero de 2017.
Se trata de un concurso abierto a todas las empresas, con la incorporación de las cláusulas sociales, cláusulas antimonopolio, y primando la calidad del servicio frente al precio del mismo. El contrato será para un periodo de tres años prorrogables a otros tres, y por un importe estimado que asciende a los 379.739.225 euros.
La convocatoria de este concurso busca atender la situación creada por la anulación de una parte del modelo de concertación de plazas ejecutado por el anterior Gobierno valenciano, y que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dejo sin validez.
De acuerdo a la normativa que regula los servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, estos deben garantizar a las personas mayores una atención residencial adecuada en aquellos casos en los que este recurso sea el idóneo, prestando una atención preferente a las personas mayores más desprotegidas y garantizando la libertad de elección de centro residencial.
Por este motivo, con el objetivo de atender la necesidad de provisión de servicios de atención residencial para personas mayores en situación de dependencia y dada la insuficiencia de plazas públicas, se ha procedido a la contratación de 3.300 plazas en centros residenciales de la Comunitat Valenciana.
Entre los aspectos que se van a tener en cuenta para la adjudicación del concurso se encuentra la proposición económica con el precio/plaza/día ofertado por los licitadores, que se valorará hasta 35 puntos. La calidad del servicio, las características del edificio y la oferta de una serie de servicios adicionales al pliego y opcionales para los usuarios se valorará hasta un 65%.
Asimismo y con el objetivo de desmercantilizar el sector y poner en el centro la calidad de las prestaciones al usuario, se incluyen en el pliego del contrato el cumplimiento de las clausulas sociales para satisfacer determinados fines de interés general, como la estabilidad de la ocupación, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la integración social de los colectivos más desfavorecidos.
A las 3.300 plazas concertadas se podrá derivar a aquellas personas mayores dependientes a las que se les proponga el ingreso en un centro residencial, como recurso idóneo o como recurso disponible, en su Plan Individual de Atención (PIA), así como a aquellas personas no dependientes que tengan una necesidad social y se establezca dicho ingreso mediante resolución de la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas correspondiente.
El presupuesto para el contrato de 3 años asciende a 188.761.602 euros. Con la prórroga de otros 3 años, el valor total es de 379.739.225 euros.