La subida excesiva que están experimentando los precios del alquiler en la Comunidad Valenciana está suponiendo un importante problema social, impidiendo a determinados colectivos acceder a una vivienda digna. De hecho, el precio de la vivienda en la provincia de València encadena subidas desde diciembre de 2018, incrementando su valor cada mes. Así, el pasado mes de abril registraba una subida del 2,4%, situando a València como la provincia más cara de la Comunidad Valenciana con una media de 7,66 €/m².
Una situación que está empezado a ser insostenible, y que desde diferentes entidades, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), exigen al gobierno valenciano medidas contundentes ya no solo para frenar el precio de los alquileres, sino la puesta en marcha de “un plan de choque ante la emergencia habitacional por la falta de vivienda pública”.
Ante este panorama, la medida anunciada por el Ayuntamiento de Berlín de congelar durante cinco años los precios de la vivienda de alquiler ha tenido una gran repercusión, también, en la Comunidad Valenciana. De hecho, el mismo Alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que "València también quiere poder regular el precio del alquiler". Pero, para ello, "es necesario que la Generalitat active la Ley de la Función Social de la Vivienda", que aborda cuestiones como la de los pisos vacíos. “Hay que activar esa ley para que desde nuestra ciudad también podamos intervenir en los precios del alquiler”, ha incidido Ribó.
Y es que, aunque desde el Consell tienen algunas competencias al respecto, existe una parte regulatoria y ejecutiva estatal “muy importante”, confesaba el vicepresidente y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Dalmau, que se ha estrenado en su nuevo cargo con una reunión con los miembros de la PAH. Así, Dalmau ha asegurado que desde la administración valenciana se trabajará tanto en la ampliación del parque público de viviendas para bajar el precio del alquiler, como en el impulso de los alquileres sociales.
Desde las inmobiliarias no aconsejan el tope al precio del alquiler porque, dicen, podría suponer una retención de la vivienda por parte de los propietarios. Sin embargo, el fantasma de que estalle una nueva burbuja inmobiliaria en València está presente, y desde el Ayuntamiento de València aseguran que, con la ayuda de alquileres sociales, intentarán reducir los precios del alquiler en la ciudad.
De hecho, Joan Ribó, en campaña electoral, explicó que defendería una moción en el pleno municipal para poner un límite al precio máximo de los alquileres, especialmente en las zonas en las que se ha comprobado una mayor presión inmobiliaria, como Benimaclet, Russafa o Ciutat Vella. Asimismo, desde Compromís per València no solo se propone al gobierno central que actúe para limitar el precio del alquiler, sino que autorice a la Generalitat “a hacer vinculante el Índice de Precios de Referencia elaborado por el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana en situaciones contrastadas de incremento de las rentas de los alquileres de inmuebles destinados a vivienda, con el objetivo de evitar subidas en el alquiler”.
La apuesta del Consistorio para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía es, como anunciaba Ribó, la construcción de vivienda pública para el alquiler asequible, mediante la creación de una empresa mixta. Además, también adelantó que desde el Ayuntamiento de València se estudia pedir una línea de crédito al Banco Europeo de Inversiones para la creación de otro parque de viviendas. Un total de 900 viviendas que “de manera ágil, podrán hacer frente a un problema real”.
Por supuesto, el control de los apartamentos turísticos, causante de la subida de alquileres en determinadas zonas de la ciudad, también sigue siendo una prioridad en esta nueva legislatura. La vivienda no puede convertirse en un privilegio, sino que es necesario impulsar medidas para garantizar una vivienda digna a la ciudadanía.