La consejería de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, se ha unido a la propuesta que el ministerio presentará en el Consejo de ministros de medio ambiente de la Unión Europea en Bruselas para simplificar la carga administrativa que asegura la veracidad y exactitud de los cálculos de emisiones de gases de efecto de invernadero.
Elena Cebrián ha solicitado financiación para políticas propias ajustadas a su problemática específica de cambio climático, puesto que sin ella será imposible cumplir los objetivos de reducción de emisiones por parte de las actividades sujetas a comercio de derechos de emisión.
"Se importando que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo políticas adaptadas a su problemática específica y a la innovación en los sectores industriales con mayor consumo energético, como la Comunidad Valenciana es la cerámica, con más de 100 instalaciones sujetas a comercio de derechos", ha advertido.
El sistema actual de asignación de derechos de emisión con una tendencia a la reducción de las asignaciones hasta 2020, obliga a las actividades que emiten por encima de aquello que se ha asignado a adquirir en el mercado o en subasta tantos derechos como toneladas han emitido por encima del que asigna.
En el Consejo Consultivo de Política Medioambiental que ha tenido lugar hoy en la sede del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, ha fijado la posición común de las autonomías para el próximo Consejo de ministros de medio ambiente de la Unión Europea en este ámbito en materia de financiación y de simplificación de tareas administrativas.
Respecto de los trámites administrativos, el sistema actual genera una elevada carga administrativa que asegura la veracidad y la exactitud de los cálculos de emisiones: a final de febrero se reciben los informes verificados de emisiones de las empresas (186 en 2015); antes de final de marzo se revisan los informes y se inscriben las emisiones en el Registro de la UE; durante el mes de abril se comprueba lo entrega de derechos por las empresas; a mitad de mayo se remite un informe exhaustivo de las emisiones verificadas, informes de mejora, modificaciones de autorizaciones y otros documentos porque la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del ministerio informo la Unión Europea.
A final de mayo hay que mandar también un informe sobre las irregularidades detectadas en las verificaciones a la OECC porque informe ENAC. Antes de final de junio las empresas tienen que enviar los informes de mejora y en muchos casos se tienen que modificar autorizaciones y/o planes de seguimiento. Antes de final de año las empresas remiten las previsiones de reducción o ampliación de capacidad.